La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó ayer en primera lectura un proyecto de ley para prohibir que las organizaciones internacionales de Derechos Humanos puedan actuar libremente en el país, una medida que ha levantado serias dudas sobre el compromiso real con la democracia del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

Constituye un duro golpe a las libertades políticas y civiles

“El propósito expreso de esta ley es debilitar a la comunidad de organizaciones no gubernamentales (ONG)”, declaró la directora regional

de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), Holly Carnter.

La propuesta, que recibió 370 votos a favor y 18 en contra del total de 450 diputados que componen la Duma, refleja el creciente malestar del Kremlin con las organizaciones internacionales que han criticado al Gobierno por su falta de compromiso con las libertades.

El pasado verano, Putin advirtió ante un grupo de expertos de Derechos Humanos con los que se reunió en el Kremlin que no permitiría que las organizaciones internacionales financiasen actividades políticas en Rusia. Algunas ONG extranjeras jugaron un papel importante en las revueltas que derrocaron a los Gobiernos en antiguas repúblicas soviéticas como Georgia, Ucrania y Kirguistán.

Durante el debate en la Duma, uno de los proponentes de la ley, Alexei Ostrovsky, expresó su clara hostilidad hacia el trabajo de las organizaciones occidentales y afirmó que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) impulsó los recientes cambios de Gobierno en Europa del Este.

“Recordamos cómo esas organizaciones defendieron los Derechos Humanos en Yugoslavia, Ucrania y Georgia bajo cobertura de la CIA y sabemos cómo terminó aquello”, añadió Ostrovsky, miembro del Partido Liberal Democrático, una formación de corte nacionalista.

La ley, que aún precisa de otras dos lecturas para su definitiva aprobación, exige a las delegaciones de las ONG extranjeras que se registren en el Ministerio de Justicia, así como que se sometan a control financiero. Los responsables del registro podrán revisar sus actividades y sus vías de financiación y decidir si su trabajo es legal y conforme con los objetivos declarados por la organización.

“La ley es tan imprecisa que podría permitir el cierre de cualquier organización que de una u otra forma disguste a las autoridades”, declaró Yevgeny Yasin, analista del Colegio de Economistas a la radio Eco de Moscú. Ocho activistas ecologistas intentaron introducir pancartas y banderas dentro de la Duma para expresar su protesta contra el proyecto de ley, pero fueron detenidos.