AGENCIAS/EDE.- El “Comité estadounidense para los Residentes del Campamento Ashraf” -3.500 refugiados iraníes miembros del poscrito “Muyahidines del pueblo de Irán”- ha denunciado que Teherán ordenó lanzar un segundo ataque contra ese campamento asentado en Irak. Los opositores piden que el Ejército de EEUU se movilice e impida un nuevo “baño de sangre”.

MUNDO/ Opositores piden ayuda a EEUU

El comité estadounidense para la protección de la oposición iraní de los “Muyahidines del Pueblo de Irán” (PMOI, por sus siglas en inglés) advirtió ayer de un inminente ataque de las fuerzas iraquíes, a petición del régimen de Teherán, contra el campo de refugiados de Ashraf, ubicado en la provincia iraquí de Diyala (a ochenta kilómetros de Bagdad) y ha pedido la intervención “inmediata” de las fuerzas estadounidenses para “impedir un baño de sangre”.

La práctica totalidad de los más de 3.500 refugiados iraníes que se alojan en Ashraf pertenecen al PMOI, un grupo inicialmente adscrito a la Revolución Islámica que triunfó en 1979, y posteriormente levantado en armas durante los años ochenta contra el régimen clerical iraní, con apoyo del entonces dictador iraquí Sadam Husein, una campaña que terminó a principios de la década de los noventa.

El “Comité estadounidense para los Residentes del Campamento Ashraf” denunció que la incursión de las tropas iraníes, de la que afirma tener constancia a través de “fuentes internas del régimen iraní”, tendría lugar a petición expresa del Gobierno de Irán, que el pasado 4 de agosto de 2009 solicitó a Bagdad la extradición de los 55 dirigentes del PMOI.

“El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, está empeñado en provocar al primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, a que desencadene otro sangriento asalto contra Ashraf”, advirtió el comunicado.

El campamento funcionaba previamente bajo el control de las fuerzas estadounidenses, que terminaron cediendo estas competencias a Irak tras la firma del “Convenio sobre el estado de fuerzas” que entró en vigor a principios de año, y que sin embargo no recoge, según Amnistía Internacional, ningún artículo que se refiera específicamente a la entrega del control del campamento por parte de EEUU, cuyos residentes gozan del estatus de “personas protegidas”.