“…Las cosas no andan bien en la Argentina, la gente esta angustiada ante un futuro que no se presenta claro. Todos queremos mantener la gobernabilidad y la paz pero no queremos pagar por ello cualquier precio…”

A fondo

Si se aprueba la ley, presentada por la senadora oficialista Teresita Quintela, que estatiza los alquileres y se crea el órgano público que fijaría los valores mensuales de las locaciones, se le daría un golpe mortal al mercado inmobiliario. El proyecto modifica el plazo de alquiler a 5 años para las viviendas familiares y la renovación sería automática.

El precio mensual se determinaría dividiendo el costo de la vivienda por 150. Como bien señala Ámbito Financiero, de éste modo, el precio de un departamento de dos ambientes en Capital con una valuación fiscal de unos 20.000 pesos, sería de 133 pesos con lo cual ni siquiera se podría pagar las expensas. Si el gobierno intenta, con dicha ley proteger al consumidor, se equivoca.

Pero, como todos sabemos, la política demagógica del gobierno convierte en soberano a algún sector, en este caso a los inquilinos, para sacar provecho político aunque la ley de alquileres viole el principio constitucional que permite a todos los habitantes de la Nación, gozar del derecho de usar y disponer de su propiedad. Se perjudica a muchas personas que han trabajado duramente y ahorrado para comprar un departamento para alquilar, pretendiendo que todos los propietarios son adinerados.

Como siempre que los gobiernos intervinieron en los precios de los alquileres, el inquilino no se beneficia. Basta recordar épocas pasadas: se debían pagar llaves a precios exorbitantes o coimas para poder alquilar porque se detenía la construcción de viviendas para alquilar y los edificios viejos dejaban de repararse pues a nadie le interesaba percibir alquileres más bajos de los que establecía el mercado.

Los problemas que el gobierno intenta solucionar se verán agravados: faltarán viviendas, y otros sectores pretenderán también ser privilegiados por el gobierno. Es el círculo vicioso al que llevan estas medidas intervencionistas que pretenden tener al estado como árbitro y supremo propietario.

Si el Congreso le da curso legal a esta inapropiada ley, nos llevará a que el estado acreciente su poder aplastando las libertades que acepta nuestra Constitución. Una vez más se olvida que somos todos iguales ante la ley.

Como en el pasado, los precios establecidos desde el estado traerán lamentables consecuencias. Entre las peores señalo: mucha gente ingresará a las villas miserias porque se les cierra la posibilidad de alquilar.

El remedio no es la intervención en el mercado de alquileres sino dar libertad para la construcción y seguridad para el inversor. Por el contrario, el gobierno al exigir autoritariamente bajos alquileres perjudicará a los futuros inquilinos que no sabrán donde ir a vivir y desalentará al sector privado quién no se preocupará por invertir en viviendas destinadas al alquiler. Estas medidas como todas las guiadas por intereses demagógicos terminan perjudicando a quien se quiere beneficiar.

La economía no funciona en un medio plagado de continuas y arbitrarias modificaciones inducidas por el gobierno. Éste debe crear o mejorar las condiciones que impulsen el progreso de la libre empresa. No debe desalentar a la actividad privada con trabas innecesarias ni con protecciones indebidas que alienten la inoperancia.

Las cosas no andan bien en la Argentina, la gente esta angustiada ante un futuro que no se presenta claro. Todos queremos mantener la gobernabilidad y la paz pero no queremos pagar por ello cualquier precio.

Cristina ha depositado recursos públicos en el futbol, mientras muchos argentinos se convierten en “pobres”. El sector campo sigue clamando porque lo dejen producir sin la obstructiva y maligna intervención del gobierno, los jubilados se sienten estafados, a los asalariados los castiga la inflación y los propietarios ven el esfuerzo de toda una vida dilapidado por leyes disparatadas, como es el caso de ésta, propuesta por el oficialismo.

Se le suma la forma destemplada y omnipotente que tiene la pareja presidencial para dirigirse tanto a los sectores opositores como a sus propios funcionarios.A éste cóctel explosivo se le suma la mayoría que duda de la sinceridad de los hombres que ejercen el gobierno. Éstos no cuentan con importantes sectores de opinión que los sostengan como bien lo demostraron las últimas elecciones legislativas. No deben, entonces, seguir abusando de la confianza de los argentinos. Todo tiene un límite, no se puede vivir en semejante estado de desengaño respecto de los gobernantes.

El dialogo con la oposición no fue claro y no hubo reciprocidad ni lealtad por parte del gobierno. Escuchar no es intentar corregir los errores. La ley que controla los alquileres si es aceptada en el Congreso se agregará a los dislates que acumula este gobierno.

No se resolverán los problemas atacando los efectos en vez de las causas que los provocan. La sociedad está perdiendo la paciencia…La sordera, los hará responsables de los disturbios que puedan provocar políticas que le dan la espalda a la realidad pero, mientras tanto, los argentinos, como siempre, sufrimos las consecuencias de un mal gobierno.

Elena Valero Narváez es autora de “El Crepúsculo Argentino”, Lumiere, 2006