El presidente Alvaro Uribe acusó a un investigador de la Corte Suprema de sobornar a un paramilitar detenido para que acusara al mandatario de tramar el asesinato de un jefe paramilitar.

Corte Suprema rechaza acusaciones

En un comunicado breve y una posterior entrevista radiofónica, Uribe dijo que el magistrado auxiliar de la corte Iván Velásquez y otro investigador, de la Fiscalía General, ofrecieron a José Orlando Moncada beneficios que no especificó para el paramilitar y su familia si denunciaba al presidente.

Orlando Moncada está recluido en la prisión de máxima seguridad de Itagüí en el departamento de Antioquia.

El presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, repudió de inmediato la acusación del presidente y la tachó de una obstrucción a la justicia en la investigación que realiza el alto tribunal sobre los vínculos entre los paramilitares y legisladores aliados del gobierno.

La Corte Suprema no ha actuado incorrectamente, dijo Valencia, sin mencionar si Moncada, mejor conocido por el apodo de Tasmania, había testificado contra el presidente. El alto tribunal considera que el señalamiento del mandatario es una clara obstrucción de su trabajo en el escándalo desatado por las relaciones entre paramilitares y políticos.

Uribe afirmó que recibió una carta en la que Moncada dijo que Velásquez lo presionó para que testificara ante la alta corte que el presidente ordenó el asesinato de Alcides de Jesús Durango, un jefe paramilitar que operaba en la región platanera del Golfo de Urabá.

El presidente dijo que “ha tenido conocimiento” de que Moncada rindió testimonio ante una comisión de la Fiscalía General de la Nación el jueves y viernes pasados.

Uribe indicó que solicita a los fiscales que investiguen esas “graves acusaciones” y reiteró que “nunca ha tenido ningún tipo de relación” con De Jesús Durango o Moncada.

De Jesús Durango había sido capturado por las fuerzas de seguridad en junio cerca de Urabá. Había sido un fugitivo muy buscado desde que se negó a desmovilizarse de acuerdo con el plan de paz que en el 2005 adoptó el gobierno con los paramilitares del grupo armado clandestino Autodefensas Unidas de Colombia, creado para combatir a la guerrilla.

La semana pasada, Valencia denunció que la hija de un investigador del tribunal supremo recibió una amenaza anónima de muerte que forzó la evacuación de su escuela en Bogotá.

La amenaza fue la segunda de este año relacionada con miembros de la corte que investigan el llamado “escándalo para-política”, por el que hasta ahora están encarcelados 14 legisladores, de los cuales 13 son aliados de Uribe.