El presidente español, Mariano Rajoy, presentó ayer el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). El documento recoge 217 medidas que, según el presidente, han sido definidas para “reducir gastos en aras de una mayor eficiencia de la administración pública, simplificar trámites, suprimir órganos o entidades innecesarias, agilizar procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos”.
Mariano Rajoy, presidente español, presentó ayer por la mañana el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), “fruto de la radiografía más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público en toda nuestra democracia”, según recoge La Moncloa.
El documento recoge 217 medidas que, según el presidente, han sido definidas para “reducir gastos en aras de una mayor eficiencia de la administración pública, simplificar trámites, suprimir órganos o entidades innecesarias, agilizar procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos”.
El primer beneficiario de las reformas de la administración es el ciudadano, ha subrayado el presidente, pues habrá “menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas. A cambio, más agilidad y más facilidades y, por supuesto, menos costes y más ahorro”.
Más de la mitad de las propuestas que aparecen en este documento, se centran en la eliminación de duplicidades en la prestación de servicios por parte del Estado y las 17 autonomías.
Sin embargo, este informe no es vinculante, es decir, cada comunidad podrá decidir si optar o no por seguir estas recomendaciones. Entre otras medidas, una sería la de eliminar organismos considerados redundantes, como las agencias de energía, de defensa de la competencia o de meteorología existentes en las diferentes autonomías. “España tiene una buena administración, pero a nadie se le oculta (…) que han aflorado ineficiencias perfectamente evitables y redundancias competenciales”, ha dicho Rajoy.
Otras de las nuevas medidas serán la creación de un sistema central de compras único de suministros para toda la administración, o el plan de gestión de patrimonio inmobiliario del Estado renegociando alquileres, apostando por la reubicación que ha permitido ahorrar más de 17 millones.
También ha dado a conocer algunos datos sobre la reestructuración y racionalización del sector público empresarial, con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas a nivel estatal; la extinción de 154 consejeros con un ahorro de más de un millón de euros; la limitación de las retribuciones de los directivos; o la reducción del número de empleados públicos en más de 370.000 personas.
Cuatro ejes de actuación
Para llevar a cabo esta reforma, Rajoy ha planteado cuatro premisas fundamentales que, según ha explicado, son: racionalizar el gasto, atender a la demanda ciudadana, realizar un análisis profundo y sostenido en el tiempo y, por último, poner en práctica un compromiso político para mantener el impulso de la reforma, según informa La Moncloa.
España es uno de los países de Europa que menos dinero dedica al gasto público: “España se sitúa entre los países de la Eurozona con menor gasto público en
porcentaje de PIB: un 43,3%, frente al 49,7% de la media de la zona euro”, ha afirmado el presidente. Estas palabras tenían el objetivo de acabar con el muy extendido mito a propósito del verdadero tamaño de la administración española.
La propuesta llegará el viernes al Consejo de Ministros
Este viernes será analizada la reforma de las Administraciones Públicas por el Consejo de Ministros. Después, la vicepresidenta será la encargada de dar detalles de estas medidas en una rueda de prensa. El Gobierno había fijado el 30 de junio como fecha tope para dar a conocer esta propuesta.
Esta propuesta fue una de las más sonadas en su debate de investidura, y se convertirá en una de las medidas más importantes de la legislatura.
Esta reforma también incluye medidas a nivel local, cuyo proyecto de ley aprobará en breve el Consejo de Ministros y enviará al Congreso de los Diputados. El Ejecutivo calcula que ahorrará más de siete mil millones de euros al reducir el sector municipal, limitar el número de concejales con sueldo y reforzar las diputaciones como centrales de servicios locales.
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