Silueta
Esta es una conclusión indeseable, pero que empieza a desprenderse del último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) publicado al final del pasado mes de diciembre. Para los españoles, la inmigración es un problema. Nada más y nada menos que el segundo de “sus” problemas en orden de importancia, por detrás del paro (que es una referencia principal y “fija” en estas encuestas periódicas) y por delante del terrorismo, la vivienda o, a mayor distancia aun, la economía, la inseguridad ciudadana, la educación, etc…

Para casi el 60% de los ciudadanos, el número de inmigrantes que viven en España es demasiado alto, y hasta el 85% consideran que sólo se debería permitir la entrada en nuestro país a aquellos inmigrantes que tengan un contrato de trabajo.

Me ha sorprendido la frialdad, y la fugacidad también, con la que la opinión pública ha despachado esta noticia. Tal vez el 30 de diciembre estuviéramos todos concentrados en otras preocupaciones menos reflexivas y trascendentes que esta, y creo que merece la pena volver un momento sobre nuestros pasos.

Algo no se está haciendo bien en España ahora mismo para que la percepción pública del fenómeno de la inmigración sea la de un problema, es decir, la de una contrariedad (¿germen de un conflicto social?), y no la de una solución, la de una integración positiva, la de un recurso necesario para avanzar en nuestro desarrollo. En alguna medida, la experiencia internacional más cercana no nos está sirviendo para prevenir eficazmente corolarios como los que se extraen de esta encuesta. Si no tomamos buena nota de otros casos corremos muchos riesgos de cometer errores conocidos.

España sigue manteniendo en un alza, envidiable para el resto de Europa, la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo que se inició y consolidó con los gobiernos del Partido Popular. Las previsiones publicadas para el año 2006 redundan en esta plácida y provechosa estampa de bienestar general. Es, por tanto, doblemente llamativo que en semejante escenario económico se apunte a un “exceso” de inmigrantes y a una valoración problemática de su presencia entre nosotros. ¿Cuál sería la reacción en el caso de un ciclo económico negativo que destruyera puestos de trabajo? ¿Qué grado de “intromisión” por parte de los inmigrantes consideraríamos entonces?

Si las políticas públicas que tiene la obligación de arbitrar el Gobierno respecto a la inmigración siguen derroteros puramente efectistas o, como también apuntan otros análisis, meramente electoralistas, se estará abonando una creciente y perniciosa visión del fenómeno inmigratorio, cuyas estribaciones ya se hacen notar en los sondeos de opinión, y cuyas graves consecuencias no es difícil tampoco adivinar. Santi Lucas