Un grupo de 21 emisoras de radio y una televisora regional fue sancionado con la cesión de parte de sus espacios para mensajes institucionales, por incumplir la legislación sobre telecomunicaciones, informó a la prensa, el organismo supervisor del sector.

El gobierno de Hugo Chávez los acusa de terrorismo mediático
Nilo Fernández, vocero del directorio de responsabilidad social en radio y televisión, indicó a la prensa que 22 medios privados fueron sancionados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por incumplir la ley que regula al sector.

Explicó que entre las violaciones en que incurrieron las radios y la televisora están la no entrega de los informes y grabaciones al organismo regulador; la transmisión de mensajes que incitan a los juegos de azar fuera de los horarios permitidos; el incumplimiento del porcentaje de difusión de música venezolana; y el uso inadecuado del lenguaje y referencias al sexo.

Fernández señaló que se acordó imponer a las 21 emisoras y la televisora regional una novedosa sanción, prevista en la ley sobre responsabilidad social en radio y televisión, que contempla la cesión de espacios semanales para la difusión de mensajes culturales y educativos para menores de edad.

Precisó que la duración de los espacios que deberán ceder los medios dependerá de los alegatos que presentaron los representantes de las radios y la televisora y de las regulaciones incumplidas.

Indicó que el caso de la radio capitalina 88.1 FM se decidió imponer una multa equivalente al “0.5 por ciento de los ingresos brutos anuales del 2004´´. El director de Conatel, Alvin Lezama, expresó que los medios afectados por la sanción pueden acudir a instancias judiciales para apelar las medidas, pero sostuvo que mientras no haya una sentencia al respecto deben cumplir la cesión de espacios.

La ley de responsabilidad social en radio y televisión, que entró en vigor en diciembre del 2004, estableció una serie de regulaciones en las programaciones de los medios locales.

La legislación fue aprobada por la mayoría oficialista del Congreso en medio de fuertes críticas de grupos opositores, dueños de medios, periodistas y organizaciones humanitarias, que manifestaron que la ley representaba un riesgo a la libertad de expresión en Venezuela.

El gobierno defendió la ley señalando que permitiría regular los contenidos de sexo y violencia, y acabaría con el ´´terrorismo mediático´´ de los principales medios locales, con los que el presidente Hugo Chávez ha mantenido una constante confrontación.