Desde fines de abril, fecha en que comenzó el conflicto, ha habido miles arrestos, golpes de la policía, desmanes en las calles, exigencias, ausencia del ministro y silencio de la presidenta, lo que muestra un panorama poco alentador. El gobierno cede (pero de a poco, para no mostrarse débil) y se legitima el paro como forma de lograr objetivos: se ha conformado un Consejo Asesor de Educación para estudiar las demandas y encontrar soluciones.

Bachelet baja considerablemente su apoyo en menos de 100 días de gobierno:

A tan sólo tres meses de asumir el gobierno, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet ha tenido que enfrentarse al movimiento estudiantil más grande de los últimos treinta años y el que podría convertirse en el conflicto más importante de su mandato.

Y la manera de enfrentarlo ya le trajo costos políticos: una reciente encuesta arrojó que la aprobación a la forma en que la presidenta maneja su gobierno, cayó en un 7,5% puntos respecto de la misma medición realizada en abril.

El principal conflicto radica en las peticiones que hacen los estudiantes, de un alto costo económico para el país y su decisión de no ceder si sus demandas no son atendidas en su totalidad.

Las exigencias de los alumnos son mayoritariamente tres: Prueba de Selección Universitaria gratis para todos los alumnos de IV Medio y para los que la rinden por segunda vez; pase de transporte escolar gratis, de uso sin restricciones; y reformulación de la Jornada Escolar Completa para que en la extensión horaria no se repitan las materias.

Además, alegan una reforma la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual fue promulgada por Augusto Pinochet en el gobierno militar un día antes de terminar su mandato. Ésta, según los estudiantes, privilegia la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, por lo que se pide que los colegios vuelvan a manos del Estado y que, mediante esto, el derecho de la educación se equipare a la libertad de enseñanza.

Desde fines de abril, fecha en que comenzó el conflicto, ha habido miles arrestos, golpes de la policía, desmanes en las calles, exigencias, ausencia del ministro y silencio de la presidenta, lo que muestra un panorama poco alentador. El gobierno cede (pero de a poco, para no mostrarse débil) y se legitima el paro como forma de lograr objetivos: se ha conformado un Consejo Asesor de Educación para estudiar las demandas y encontrar soluciones.

El Consejo está compuesto por 74 profesores, economistas de diversas tendencias, parlamentarios, rectores de universidades, académicos, representante de los alcaldes y empleados públicos, entre otros técnicos y expertos. La entidad, que delineará una reforma a la educación pública, está integrada además por seis representantes de los estudiantes de secundaria y seis representantes universitarios. De esta manera, los cupos quedaron distribuidos muy lejos de lo que los estudiantes exigían (más del 50%), pero ya se empieza a vislumbrar reformas en el sistema educativo chileno.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se convoca a un consejo para introducir reformas. Ya en 1994, la entonces llamada “Comisión Brünner”, conformada por expertos en el área de la educación de todos los sectores políticos, detectó los dos grandes problemas de la educación nacional.

            En primer lugar se señaló la necesidad de aumentar los recursos a ésta área con el fin de contar con un nivel de educación adecuado para la población chilena. No obstante, mientras los recursos se han cuadruplicado en los últimos 16 años, la calidad de la educación se mantiene estancada según las evaluaciones periódicas a nivel nacional e internacional.

            Por otra parte, La comisión Brünner planteó también la necesidad de cambiar la estructura para descentralizar más el sistema educacional y darle una mayor flexibilidad, lo que ha retrocedido en los últimos años, centralizando el sistema en manos del ministerio de educación.

            Bachelet no hizo grandes promesas en su programa de gobierno, sin embargo, fue muy enfática en señalar que aseguraría y fortalecería la calidad de la educación. En el fondo, esas son las peticiones de los estudiantes y el gobierno chileno no le quedará más remedio que cumplir con lo que prometió.