El hacinamiento y las largas detenciones sin sentencia son los principales detonantes de la violencia que a menudo sacude a las cárceles centroamericanas, muchas de ellas convertidas en escuelas del crimen.

La densidad de la población carcelaria supera al 120 por ciento en los penales centroamericanos
“La situación es gravísima”, asegura el director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), el argentino Elías Carranza.

La densidad de la población carcelaria supera al 120 por ciento en los penales centroamericanos, salvo en el caso de Costa Rica, donde está por debajo de su capacidad con el 99 por ciento.

En Honduras era del 209 por ciento en el 2002, en El Salvador del 162 por ciento en el 2005, seguido por Panamá, con el 137 por ciento y Nicaragua con el 104 por ciento.

Pero estas cifras esconden a menudo una realidad mucho más dramática, porque en algunos penales, el espacio de que disponen los presos en una celda puede reducirse a 15 cm, frente a los 10 m2 que se consideran adecuados en Europa o los 14 m2 en Holanda.

“Si se bajan todos [de sus literas] no caben”, resume Carranza, que pone un ejemplo gráfico para explicar los problemas que a menudo surgen: “Es como si te vas al Sheraton y metes en una habitación a mucha gente. Aunque tengan mucho dinero acabarán peleándose”.

El hacinamiento no funciona en ningún sitio y menos en una cárcel donde acaba repercutiendo en la salud y la seguridad de los presos y cuidadores o en otros aspectos considerados secundarios como las citas con familiares, el trabajo o la rehabilitación.


“Primero se les subalimentó [a los jóvenes marginales], se les violentó, se les privó de la escuela y ahora se les declara la guerra”, critica Carranza, para quien el delito es “estructural”en toda la región. “No puede ser que desde México a Argentina y Chile quieran ser más violentos, más violadores, más homicidas´´, dice.

Inexorablemente, la promiscuidad y la falta de personal hace que en muchas cárceles impere la ley del más fuerte y a menudo la de los narcotraficantes. Se ha visto recientemente en Guatemala donde la gestión de muchos penales quedó hace diez años en manos de los propios presos, que los convirtieron en sedes de sus lucrativas “firmas”de extorsión, secuestro y narcotráfico.

En estas circunstancias, las cárceles se han convertido desde hace tiempo en escuelas de violencia, donde conviven presos peligrosos con condena y otros miles que aguardan juicio sin saber si son culpables o inocentes.

Para Carranza, la privatización no es la solución y habla de un caso en Costa Rica donde había un proyecto de construir por $72 millones una prisión ultrasofisticada para 1,200 presos. En vez de eso, el gobierno decidió mejorar las existentes creando 2,200 nuevos cupos por sólo $10 millones.

“Ahora, la transnacional pide $20 millones de indemnización”, dice Carranza. Pero para solucionar el problema de hacinamiento, los países tendrán que resolver antes el cuello de botella que supone la justicia, pues hasta el 60 por ciento de los presos de la región están en la cárcel sin condena. Claro que está lejos del 94 por ciento que tiene Uruguay, según Carranza.

Panamá, con 378 presos por cada 100,000 habitantes, es el país que más encierra en la región, sólo por detrás de EU, frente a los 70,000 de Guatemala, según datos del 2002.