Líderes opositores de Bolivia amenazaron con desatar una nueva ola de protestas regionales a partir de la próxima semana si el presidente Evo Morales no revierte el proceso de cambio constitucional y una polémica redistribución interna de un impuesto petrolero.

A partir de la próxima semana

La amenaza acrecentó la incertidumbre sobre el diálogo iniciado hace justo un mes entre Morales y los prefectos de los nueve departamentos del país en procura de destrabar las ambiciosas reformas que impulsa el presidente indígena, un cercano aliado del presidente venezolano Hugo Chávez.

Prefectos y dirigentes cívicos de los distritos petroleros de Santa Cruz y Tarija y los amazónicos Beni y Pando, que exigen también la autonomía de sus regiones, dijeron al cierre de un encuentro en la ciudad de Sucre que el diálogo no prosperaba “por la ausencia de voluntad política del Gobierno nacional.”

El frente opositor, al que se sumaron delegados de los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, desempolvó una demanda de traslado de la sede del Gobierno desde La Paz a la sureña Sucre, exigiendo que el tema, que provocó violentos disturbios el año pasado, sea llevado a un referéndum nacional.

El Gobierno descartó varias veces dicho referéndum sobre la capital por considerarlo peligroso para la unidad nacional.

“Señor Presidente, le exigimos una respuesta satisfactoria y urgente a nuestros planteamientos hasta el miércoles 13 del mes en curso, en cuyo defecto, nos veremos en la necesidad de tomar las medidas que el caso aconseje,” dijeron los prefectos y cívicos en una resolución transmitida por cadenas radiales.

El portavoz gubernamental, Alex Contreras, rechazó de inmediato el ultimátum y aseguró que Morales mantenía su decisión de continuar el diálogo.

“Ante la actitud beligerante, guerrerista y racista de algunos prefectos y cívicos, el Gobierno nacional no acepta ningún ultimátum. La respuesta que damos a estas autoridades es que debe continuar el proceso de diálogo,” dijo el vocero a la televisión estatal.

Los prefectos rebeldes no dijeron si enviarán delegados a un encuentro con el Gobierno programado para el viernes, reunión que Contreras dijo que “se realizará de todas maneras.”

Los opositores señalaron en cambio que si Morales no aceptaba sus exigencias habría riesgo de “ruptura de la democracia” y hasta de una división del pais.

El presidente del concejo municipal de Sucre, Fidel Herrera, dijo a radioemisoras que la primera medida que podrían adoptar los líderes rebeldes después del 13 de febrero sería “un paro nacional movilizado.”

Contreras sostuvo que los opositores “quieren llevar al pais al enfrentamiento, a la violencia y la confrontación, (porque) en el fondo están en juego dos visiones de pais: la cultura de la violencia, la antidemocracia y el racismo y frente a la cultura de diálogo del Gobierno.”

Morales, quien completó en enero el segundo de sus cinco años de mandato, pretende la “refundación” de Bolivia mediante una nueva constitución que dará más poder a los indígenas y consolidará la nacionalización petrolera que decretó en el 2006.

Los prefectos rebeldes rechazan esa nueva carta magna, aprobada en diciembre por una asamblea constituyente de la que se autoexcluyó la oposición, e impulsan en cambio procesos de autonomía.

Como salida extrema al conflicto político, Morales planteó que él mismo y los nueve prefectos se sometan a referendos revocatorios de mandato. Los opositores no fijaron posición sobre esa propuesta.