Lo que estamos presenciando en España, a poco más de cinco meses de la consulta electoral de marzo de 2008, tiene mucho que ver con estas cuestiones, y abre sin duda un interesante espacio para la reflexión.

Elías Amor Bravo
En la extensa y bien documentada literatura sobre los ciclos políticos de la economía (es decir, el manejo que los gobiernos realizan de las variables económicas para ganar las elecciones), que arranca de los trabajos originales de Anthony Downs a finales de los años 50, no existe una posición unánime sobre la influencia que tienen las “promesas” gubernamentales sobre el voto.

La cuestión no es baladí, porque en las últimas semanas venimos asistiendo a una serie de ofertas de subvenciones y ayudas, de muy diversa índole, por parte de los gobiernos (estatal, andaluz) que optan a la reelección el próximo mes de marzo y que han despertado, seguramente, el interés y la curiosidad de los medios y de la opinión pública en general.

Pero volvamos de nuevo al asunto principal: la relación entre economía y voto. Mientras que unos autores se decantan porque la influencia principal sobre el comportamiento electoral se encuentra en el estado y evolución de los principales indicadores económicos (Mike Lewis-Beck, Morris Fiorina); además cuanto más cerca de la fecha de las elecciones más intenso es aún ese impacto socio electoral; otros, en cambio, sostienen que aun existen incentivos para gobiernos manipuladores a la hora de anunciar medidas que incidan sobre los precios relativos, por la vía de subvenciones o transferencias ( Bruno S. Frey).

Lo que estamos presenciando en España, a poco más de cinco meses de la consulta electoral de marzo de 2008, tiene mucho que ver con estas cuestiones, y abre sin duda un interesante espacio para la reflexión.
De un lado, un gobierno que observa cómo el deterioro de los principales indicadores económicos apunta a un escenario de moderado crecimiento económico y desempleo e inflación en aumento en coincidencia con la fecha electoral. Sin duda, el peor de los escenarios posibles para afrontar una elección: los votantes tendrán mucho que decir al respecto en su momento.

De igual modo, el gobierno preocupado por su reelección, anuncia una serie de compromisos de gasto público que van a tener una notable influencia sobre los precios relativos, es decir, suponen una distorsión en el mecanismo de funcionamiento del mercado, lo que tradicionalmente acarrea apoyo en determinados segmentos sociales, a la vez que rechazo procedente de otros.
No cabe duda que el escenario preelectoral es complejo. La experiencia muestra que los votantes rara vez se fían de los compromisos electorales y, por ello, no los suelen valorar (positiva o negativamente, según la distorsión relativa que se produzca) hasta que se perciben de manera efectiva en sus bolsillos. Y sabido es que las medidas de política económica tienen sus desfases en los procesos de implementación. Nada es inmediato. Es decir, las madres que vayan a percibir el cheque bebe, o el dentista gratuito para sus hijos, se pueden encontrar que el cobro en efectivo de las ayudas no llegue antes del voto el próximo mes de marzo.

De igual modo, la percepción del deterioro progresivo de la economía es acentuada en el conjunto de los distintos sectores sociales. Es ciertamente muy numeroso el porcentaje de electores que piensan, de acuerdo con las últimas encuestas difundidas, que el estado actual de la economía es, cuando menos, incierto. Y los titulares de los medios, tampoco ayudan. Pasar del impacto macro de las variables económicas, a la influencia micro en los bolsillos, también es cuestión de tiempo, pero su realización puede ser más rápida. La cuestión, una vez más, es si lo será antes de marzo próximo. Por lo pronto, el aumento en el coste de las hipotecas, y sobre todo, de los bienes de consumo más necesarios, está trasladando un creciente malestar a los sectores sociales con menor poder adquisitivo, precisamente aquellos a los que se dirigen las medidas de subvenciones que ha propuesto, con objetivo electoralista, el gobierno.