El principal grupo opositor a la reestructuración de la incumplida deuda pública de Argentina anunció que podría demandar al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un cuerpo afiliado al Banco Mundial.

Italia seguirá presionando a Kirchner
Los abogados del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (GCAB), que dice representar cerca de 40.000 millones de dólares en deuda impaga, dijeron a Reuters que podrían interponer la demanda ante ese cuerpo, una organización autónoma que tiene vínculos estrechos con el Banco Mundial.

Mediante un comunicado, el GCAB dijo que argumentaría que una reciente ley sobre la deuda argentina viola los Tratados de Inversión Bilaterales firmados por el país.

“Esto nos da un paraguas,” dijo una fuente del GCAB que prefirió el anonimato, y que aseguró que tenedores de deuda incumplida por unos 18.000 millones de dólares tenían la firme decisión de iniciar la acción.

“Vamos a presentarnos como un sólo grupo,” señaló.

Argentina busca canjear 102.600 millones de dólares, incluidos intereses vencidos, por nuevo títulos que totalizan hasta 41.800 millones de dólares. El capital de la deuda incumplida, que se dejó de pagar desde enero del 2002, es de 81.800 millones de dólares.

La oferta, que permanecerá abierta a los acreedores hasta el 25 de febrero, implicará el mayor recorte de deuda en reestructuraciones soberanas de la historia moderna.

El GCAB, que tiene entre sus miembros acreedores institucionales y minoristas, dijo la semana pasada que estaba considerando pedir un arbitraje luego de que el país se negó a negociar las condiciones del intercambio de deuda.

El Congreso argentino aprobó la semana pasada una ley que le prohibe al gobierno reabrir en el futuro la negociación de la deuda que está actualmente en proceso de reestructuración.

El comunicado del abogado asesor del GCAB asegura que Argentina ha firmado tratados con numerosos países, incluidos Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Suiza y Gran Bretaña que protegen a los inversores de “expropiaciones” y les permite presentar reclamos a través de tribunales del CIADI.

La fuente del GCAB dijo que si obtuvieran algún fallo favorable del tribunal podrían tratar de embargar los pagos que Argentina haga sobre los nuevos bonos emitidos en el canje.

Argentina ya enfrenta demandas en el CIADI por 17.000 millones de dólares, fundamentalmente de empresas concesionarias de servicios públicos, en su mayor parte extranjeras, que reclaman violaciones de sus contratos luego de que el país congeló las tarifas a comienzos del 2002, lo que afectó sus ganancias.

Italia: seguirá presionando

La tesis fue expuesta en la Cámara de Diputados por el ministro para las Relaciones con el Parlamento, Carlo Giovanardi, quien no precisó de qué manera el Ejecutivo de Silvio Berlusconi “continuará desarrollando la acción de apoyo a los ciudadanos que compraron títulos argentinos”.
Sí apuntó que esa actitud la mantendrá “en todas las sedes competentes y con todos los instrumentos a disposición”.

El ministro manifestó que el Banco de Italia realiza en la actualidad un examen “profundo” de los datos que obran en poder de las entidades financieras del país sobre la labor de compraventa de bonos argentinos antes de la suspensión de pagos en diciembre de 2001.

Ese estudio del Banco emisor será trasladado al Gobierno y al Parlamento cuando esté concluido, dijo Giovanardi, quien afirmó que carece de pruebas para corroborar o desmentir algunas informaciones periodísticas según las cuales los bancos italianos se desprendieron de bonos ya con Argentina en clara crisis económica.