La polémica generada en torno de la ordenanza del gobierno regional del Cusco, la cual legaliza los cultivos de hoja de coca en los valles de La Convención, Qosñipata y Yanatile, ha atravesado las fronteras del Perú.

La norma defendida por Toledo genera preocupación en Colombia, EEUU y España
Una ordenanza regional que legalizó los cultivos de hoja de coca en el Cusco ha generado preocupación en países como Estados Unidos, Colombia e incluso España.

Por lo pronto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha callado oficialmente sobre este tema. “Nosotros no opinamos sobre asuntos internos que aún son materia de análisis constitucional”, dijeron fuentes de ese despacho a nuestro Diario en Washington, tras recalcar que EE.UU. mantiene excelentes vínculos de amistad y cooperación con el Perú. No obstante, indicaron que se trataba de un tema complejo.

Por si fuera poco, trascendió que funcionarios de la Oficina para la Política Nacional de Control de Drogas de EE.UU. habrían expresado su preocupación al Gobierno Peruano por la posible renuncia de Nils Ericsson al puesto de presidente ejecutivo de Devida.
Como se recuerda, Olivera pidió a inicios de la semana pasada que Ericsson “se vaya a su casa”. Asimismo, en el país vecino de Colombia, la percepción que se tiene respecto de la aprobación de la referida norma es mucho más grave. El congresista colombiano Guillermo Rivera Flores, representante del departamento de Putumayo (fronterizo con el Perú), calificó de nefasta la legalización de la hoja de coca en el Cusco.

“Esta ordenanza permitiría que se reproduzca el ciclo de los años 80, cuando la materia prima de la cocaína se producía en el Perú y se procesaba en Colombia”, advirtió a nuestra corresponsal.

El parlamentario colombiano también recordó que la coca llevó la guerrilla, el paramilitarismo y la muerte a Putumayo. “El incremento de cultivos de coca en el Perú sería un gran riesgo para los peruanos”, comentó.

Fue en España donde se tuvo una mayor reserva al momento de tratar este espinoso tema. José María Barreda, analista sobre cultivos alternativos, reiteró el argumento de Fernando Olivera, embajador peruano en ese país: “Lo que ha hecho el gobierno regional de Cusco es, en cierto modo, reiterar lo autorizado anteriormente por la autoridad competente, la Empresa Nacional de la Coca (Enaco)”.

Sin embargo, Barreda señaló que el problema se podría generar si Enaco no tiene la capacidad suficiente para controlar la producción de hoja de coca, pues la ordenanza del Cusco, en la práctica, abre expectativas de una ampliación desmesurada del cultivo de la hoja de coca. “Todo depende de la supervisión que sea capaz de desarrollar Enaco”, anotó.