Tras considerar el atentado contra la AMIA un delito de lesa humanidad, el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió la captura internacional del ex presidente de Irán Alí Akbar Hahsemi Bahramaie Rafsanjani y de otros ocho funcionarios del gobierno iraní. La lista incluye al embajador de Irán en la Argentina en el momento del ataque, Hadi Soleimanpour, quien ya fue detenido por esta causa hace dos años y liberado por falta de pruebas.

Y de otros 8 ex funcionarios como causantes del atentado terrorista
En mi opinión, había pruebas suficientes para ordenar la detención de Soleimanpour”, declaró el magistrado.

Además, el juez libró un exhorto diplomático a las autoridades de Irán para comunicarles los pedidos de arresto, ante la sospecha de que los buscados se encuentran allí. Además, les ofrece la posibilidad de presentarse espontáneamente y que designen abogados en esta causa.

Con anterioridad Irán se negó a recibir los exhortos e intentó negociar con la Argentina ofreciendo colaborar con el caso y respondiendo los pedidos de información a cambio de que no hubiera imputaciones contra los ex funcionarios iraníes.

Canicoba Corral dispuso, además, la captura nacional e internacional de los ex ministros Alí Fallahijan y Alí Akbar Veleyati; de los ex comandantes Moshen Rezai y Ahmad Vahidi; del ex jefe de Seguridad Exterior Imad Fayez Moughnieh; del ex consejero cultural de la embajada de Irán en la Argentina Mohsen Rabbani, y del tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.

Todos los nombres, excepto Soleimanpour, integraban el dictamen con los pedidos de captura que hace una semana presentaron los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos. Ahora el juez, reinterpretando la vieja evidencia, lo agregó a los buscados y les pidió a los fiscales que profundizaran la pesquisa sobre el líder espiritual Alí Khamenei y los ex funcionarios iraníes que ya estaban buscados desde 2003 y cuyas órdenes de detención habían sido dadas de baja.

La resolución del juez, según el periódico La Nación, estuvo acompañada de un fuerte lobby de la comunidad judía. El presidente de la AMIA, Luis Grynwald, y el de la DAIA, Jorge Kirzsenbaum, relataron a LA NACION que el viernes pasado se reunieron con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en Montevideo y que le entregaron una copia del dictamen del fiscal Nisman.

“¿Cuándo sale el fallo del juez?”, dijo Annan según el relato de Grynwald.

El secretario de la ONU les anunció que no bien el juez pidiera las capturas iba a tratar de que “todos los países que están en contra del terrorismo colaboraran con la Argentina para encontrar a esos hombres”, contó el presidente de la AMIA.

“Además, le pedimos a Annan que tuviera en cuenta que esta actividad de Irán es una política de Estado que persiste hasta nuestros días -dijo Kirzsenbaum-. Ahora, presentaremos el nuevo caso ante el Congreso Judío Mundial.”

El juez Canicoba Corral puso el ataque a la altura de un genocidio, al entender que la Trafic cargada de explosivos que demolió el edificio de Pasteur 633 y mató a 85 personas el 18 de julio de 1994 tuvo como objetivo atentar contra la población civil, en el contexto de una persecución a la colectividad judía. Con el agravante de que esa masacre, según el juez, fue ideada y ejecutada por un Estado, lo que hace que trascienda el interés de la sociedad afectada por el delito para importar a la comunidad internacional.

Al encuadrar este asunto en una violación del derecho internacional, la resolución busca comprometer en la persecución al resto del mundo y evitar sobresaltos como el ocurrido con el fallido arresto de Soleimanpour.