“Mientras el Parlamento Europeo, entre otros, suscriben declaraciones de rechazo a los atropellos de Ortega a los derechos humanos, los Gobiernos, en su calidad de socios de las instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial así como el Banco Centroamericano de Integración Económica), han aprobado fondos para la dictadura. A tal punto, que han sido mayores después de la masacre de 2018 que en los años anteriores”, aseguró a DW Enrique Sáenz, especialista en desarrollo de Naciones Unidas y la UE.
El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ha financiado proyectos en el sector electricidad. “No estaría mal”, sigue Sáenz, “si no fuera porque Ortega, en su calidad de empresario, controla el negocio de la electricidad”.
Desde la crisis del 2018, 600.000 nicaragüenses han abandonado Nicaragua. “La gente sale del país masivamente por diversos motivos: desempleo, poco valor agregado, pocas oportunidades. En este momento, una tercera parte del Producto Interno Bruto está financiado por las remesas. Entonces, al Gobierno de Ortega no le conviene tener gente dentro”, sigue Sáenz.
El cierre de 27 universidades y de 3.000 organizaciones de sociedad civil, así como la expulsión de opositores, son, para Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, pruebas de una política que no busca el desarrollo sino el control de su sociedad, a cualquier costo.
Así las cosas, en un momento en que la UE debe decidirse entre prolongar sanciones o, quizás, incrementarlas, Jan-Michael Simon pone otro elemento en la discusión. “Si comparamos el producto interno bruto de Nicaragua y Guatemala, vemos que Managua ingresa el 27 por ciento del total. Guatemala, el 14 por ciento. Pero ambos países tienen algo en común: están en los puestos más bajos de desarrollo humano a nivel mundial. Nuestra pregunta es: ¿a dónde va el dinero?”, plantea Simon.
