La huelga de magistrados paralizaba ayer los juzgados de media España, y es que según los convocantes un 70 por ciento secundó el paro. La respuesta del ministro de Justicia no se ha hecho esperar. Bermejo planea presentar al Consejo de ministros una reforma para que “un poder del Estado no pueda ir a la huelga”.

El paro bloquea los juzgados de toda España
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros una ley para regular “el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos, desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga”.

Unos 2.200 jueces han secundado la huelga en toda España en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia, según los datos de las asociaciones convocantes, Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial (FJI).

La cifra supone que el paro ha sido seguido por el 62,2 por ciento de los cerca de 4.000 jueces que están ejerciendo, excluidos los sustitutos, los que disfrutan de excedencias y las bajas por enfermedad entre otros casos.

En Madrid, el partido judicial más importante de España, se han sumado a la huelga 279 jueces. También ha tenido una gran repercusión la protesta en comunidades como Cataluña (281 huelguistas), Andalucía (372), Valencia (343) y Galicia (242).

Ningún juez del Supremo ha seguido la convocatoria. El Alto Tribunal tiene un estatuto diferenciado del resto de la carrera judicial y nunca estuvo previsto que se sumase a la protesta. De los jueces de la Audiencia Nacional sólo dos, Eloy Velasco y Carlos de Rozas, secundaron el paro.

Tras conocer estos datos, Bermejo ha reiterado que el paro convocado no está justificado, porque ese derecho no está en el marco jurídico, y que “su desproporción salta a la vista”.

Pasará a la historia

Se trata de la primera huelga de este colectivo en la historia de España, como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus demandas.

Entre ellas figura la instauración de la nueva oficina judicial, sobre la que existe una ley desde 2003 que no se ha desarrollado; la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y la actualización de la ley de retribuciones que el Gobierno pactó con los jueces en 2003, que tampoco se ha cumplido.

Los jueces reclaman un incremento del presupuesto dedicado a Justicia hasta alcanzar el 3 por ciento del PIB, una ratio de jueces similar a la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes. La huelga también es fruto del malestar del colectivo que generó la presión del Gobierno para que el Consejo General del Poder Judicial sancionara duramente al juez de Sevilla, Rafael Tirado, por su retraso en encarcelar a un pederasta, presunto asesino de una niña.