En una nueva ola de ataques contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, el gobierno boliviano ha atacado en las últimas semanas la libertad de expresión, utilizando medidas que afectan la libertad de opinión, penalizando las declaraciones de quienes critican al gobierno o realizan denuncias sobre supuestos casos de corrupción.
El desacato, una figura introducida en el código penal por gobiernos dictatoriales ha servido para perseguir judicialmente a líderes opositores como el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por haber hecho declaraciones relativas al crecimiento del narcotráfico en Bolivia, algo por demás obvio, y por haber llamado bufón a un fiscal. Esta es una figura penal que ya no puede ser admitida en las democracias modernas. Incluso existen recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exhortan a las naciones americanas a eliminar esta figura de sus ordenamientos jurídicos por contradecir los principios de protección a los derechos humanos.
En un país donde recientemente se ha aprobado una ley que permite suspender a las autoridades electas por el voto popular, ante la sola apertura de causa por medio de un juez sin que se haya llegado a una sentencia, esta figura tiene como fin el amedrentamiento y la desestabilización de quienes expresan posiciones de oposición o de disidencia al gobierno.
La condena por difamación contra el ex presidente Jorge Quiroga por haber formulado críticas contra el Banco de la Unión, donde el Estado tiene casi el 90% de las acciones, en medio de un caso de corrupción en el cual ejecutivos de la empresa estatal de petróleos retiraron dinero de esta entidad bancaria para pagar un soborno, constituye otro abuso de poder por parte de una justicia que no inspira la mas mínima garantía de independencia. Como adecuadamente señaló el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en el derecho internacional del siglo XXI no se puede entender que una persona sea encarcelada por supuesta difamación contra una persona jurídica, porque obviamente una entidad no tiene derechos humanos que proteger.
La cereza de la torta se la lleva el proyecto de ley contra el racismo y la discriminación, en cuyo articulo 17, se establece que: El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento. Obviamente, esta redacción abre camino a sanciones arbitrarias y discrecionales que permitirían cerrar medios críticos a la gestión gubernamental.
La libertad de expresión es un principio fundamental de la libertad de los ciudadanos de toda sociedad democrática. Cuando hablar se vuelve un delito e informar una amenaza para el gobierno, significa que estamos perdiendo uno de los componentes esenciales y más básicos de la libertad. Por eso, su defensa debe ser una causa y un compromiso para todos quienes entendemos que la dignidad humana exige libertad.
Oscar Ortiz,
Ex Presidente del Senado de Bolivia
