En Bolivia aún no están claros los resultados que la renuncia presidencial de Carlos Mesa y su rechazo por el Congreso Nacional producirá sobre el futuro inmediato del país. Las opciones varían desde el fortalecimiento y viabilización de la gestión gubernamental, hasta la profundización de sus problemas y de los conflictos sociales impulsados por el radicalismo de Evo Morales.
Óscar Ortiz Antelo
Por ello, el principal desafío de esta situación no es haberla superado,
sino el traducirla en un escenario de estabilidad y recuperación de la autoridad
presidencial. De lo contrario, la frustración de las expectativas creadas,
terminarán por provocar una crisis fatal de una gestión que parece aquejada por
un cáncer terminal.
En la visión optimista se puede destacar la actitud
presidencial de asumir posiciones claras sobre temas importantes del debate
público, como el tratamiento de la Ley de Hidrocarburos y Aguas del Illimani, la
identificación de líderes como Abel Mamani y Evo Morales como promotores de
acciones que perjudican sustancialmente las posibilidades de progreso del país y
el llamado a rechazar el bloqueo, así como la aceptación de que no se puede
trabajar sin el sistema político y el Congreso Nacional.
Igualmente
positiva, ha sido la convocatoria a no profundizar las divisiones entre
bolivianos, a rechazar el racismo y a evitar discutir las autonomías en el marco
de posturas superficiales como la acusación de separatismo a las regiones que
las plantean (paradójicamente, en estas regiones muchos estamos convencidos de
que el equipo de comunicación gubernamental ha promovido estas actitudes).
En la visión negativa, destacan las debilidades de una maniobra impropia
de un presidente que abre las puertas para futuras crisis políticas. La búsqueda
de una ratificación congresal, no contemplada en nuestro sistema constitucional,
en el futuro podría ser entendida también como la facultad que tendría el
Congreso de revocar mandatos presidenciales. Si tiene el poder de ratificar, por
qué no tendría el poder de revocar. Igualmente alarmante es la generalidad del
pacto logrado.
No es posible leerlo sin llegar a la conclusión de que
fue un salvavidas de último momento para un salir de una situación que, aunque
inicialmente calificada como una jugada maestra, rápidamente se volvió contra su
autor, quien se dio cuenta de que con el simple rechazo de su renuncia, el
Congreso cumplía con su función constitucional, al mismo tiempo que lo dejaba
solo y sin argumentos.
No menos preocupante es el continuar insistiendo
en la renuncia a la restauración de la autoridad pública para restablecer el
orden social. La permisividad absoluta de los bloqueos abre interrogantes
mayores sobre la viabilidad de una gestión que permite tantos perjuicios a la
población sin penalizar a sus responsables. Convocar a manifestaciones para
luchar contra los bloqueos, equivale a danzar para que llueva cuando tenemos la
posibilidad de regar los cultivos.
Los aplausos se los lleva el viento y
la credibilidad cuesta construirla. No queda más solución que el Presidente
abandone el populismo y la demagogia que lo ha caracterizado desde que asumió el
mandato y junto con el Congreso y los sectores de la sociedad civil que apuestan
por la racionalidad y el progreso, trabaje intensa y transparentemente, por
construir una mayoría que se imponga sobre los sectores extremistas que quieren
llegar al poder, fuera de las reglas democráticas, para establecer una especie
de socialismo comunitario, de inspiración bolivariana y
antiglobalizadora.
Fuente: La Razón (Bolivia)
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