La Fiscalía del Estado brasileño de Sao Paulo, demanda a la compañía española por daños materiales y morales a numerosos clientes. De llegarse a concretar, la indemnización solicitada podría alcanzar el 10% de la facturación de Telefónica en los últimos cinco años en ese Estado.

Indemnización por 330 millones de euros
“Deficiencias en los servicios prestados a los consumidores” durante los últimos cinco años, es el argumento presentado por la Fiscalía del Estado brasileño de Sao Paulo contra la empresa española que preside César Alierta.

Según la Fiscalía brasileña, Telefónica debe responder y subsanar los daños ocasionados a “millones de clientes” por la deficiencia de los servicios prestados en el Estado de Sao Pablo.

La demanda, cuyo mayor riesgo es el de sentar precedentes, es de 1.000 millones de reales (unos 433 millones de dólares o 337 millones de euros) e implicaría, de llegar a concretarse, el 10% de la facturación de la empresa en los últimos cinco años en el Estado de Sao Paulo.

Además de “falta de eficiencia” de los servicios de telefonía, televisión por cable y banda ancha, la Fiscalía también registró “violaciones de los derechos al consumidor”. Entre los problemas registrados se enumeran interrupciones, carencias en la disponibilidad de los servicios, cobros indebidos y falta de atención para cancelar o modificar los contratos de usuario.

La querella se basa en datos del organismo de defensa al consumidor de Sao Paulo y del Ente Regulador, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

A la fecha, el estado más populoso e industrializado de Brasil ha tramitado 18.000 procesos civiles contra Telefónica, lo que implica un embate importante para la compañía española, ya que Brasil es el segundo mercado en importancia para la operadora después de España y uno de los que mayor potencial de crecimiento presenta para el grupo.

Por su parte, Telefónica sostiene que el número total de quejas sobre los servicios es de sólo 8,2% en el último año, y que las reclamaciones por averías, cortes del servicio o retrasos injustificados se redujeron un 17% durante el mismo año.

Además de Telefónica, la Fiscalía brasilera también ha abierto expediente a otras empresas como móviles TIM y Claro, filial de Telmex, el gigante mexicano controlada por Carlos Slim. El fundamento de la demanda es el mismo: “deficiencias en los servicios de telefonía y en los centros de atención al cliente”.