La Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre las tarifas eléctricas reguladas en España, para determinar si los precios artificialmente bajos de los que se beneficiaron los clientes industriales en 2005 pueden representar una ayuda de Estado ilegal.

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En un comunicado, el Ejecutivo comunitario recalca que su investigación no afecta a las tarifas reguladas para las pequeñas empresas y los consumidores domésticos. Bruselas explica que las tarifas reguladas provocaron un déficit de 3.800 millones de euros en el sector eléctrico español en 2005, que será financiado por un nuevo gravamen que deberán pagar todos los consumidores españoles en su factura de electricidad durante los próximos catorce años.

El objetivo de la investigación es evaluar si las tarifas aplicadas en 2005 a las grandes y medianas empresas que tienen un elevado consumo energético y a los operadores tradicionales en el sector eléctrico supusieron una ayuda de Estado y, en caso afirmativo, si dicha ayuda “podría dar lugar a falseamientos desproporcionados del comercio y la competencia” dentro de la UE.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, señaló que, aunque “algunos sectores de la industria europea están pasando momentos difíciles” por el elevado precio de la energía, hay que evitar falseamientos de la competencia que impiden a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado liberalizado y que favorecen injustamente a determinadas empresas.

Bruselas subraya que la decisión de abrir una investigación ofrece a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la medida propuesta y no prejuzga el resultado de la investigación.