Según informa la prensa local, de los 70 legisladores cariocas, 33 están en la mira de la Justicia. Las acusaciones van desde estafa e improbidad administrativa, hasta asociación para delinquir y homicidio.

Por estafa, corrupción y blanqueo de dinero
Casi la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro responden a procesos judiciales o son investigados bajo sospecha de haber cometido diversos delitos, que van desde estafa e improbidad administrativa, hasta asociación para delinquir y homicidio, según lo informó la agencia dpa.

Según informa este domingo el diario “O Estado de Sao Paulo”, de los 70 legisladores cariocas, 33 están en la mira del Ministerio Público provincial (fiscalía), del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas o del Tribunal Regional Electoral.

Recientemente, señala el informe, 14 diputados fueron acusados de haber contratado funcionarios “fantasma” para obtener beneficios financieros; uno fue procesado por supuestos vínculos con una “milicia” -grupos de paramilitares que actúan en favelas de Río de Janeiro cobrándole a la población por supuestos servicios de seguridad-; otro fue denunciado por homicidio, y otro fue preso por lavado de dinero.

En tanto, la Asamblea Legisltativa de Río absolvió a la mayoría de los acusados y despojó del mandato únicamente a dos legisladores. El diputado que había ido preso acabó liberado gracias a la acción de sus colegas.

Para ilustrar el perjuicio económico, aparte del deterioro de la imagen de la Asamblea Legislativa carioca, que los actos ilícitos de sus legisladores provocan, el diputado Edson Albertassi, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, aliado del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva), calcula que desde enero de 2007, sólo con la contratación de funcionarios “fantasma”, fueron desviados unos cuatro millones de reales (2,5 millones de dólares).

La maniobra, llamada internamente como “beca-fraude”, consiste en contratar a supuestos funcionarios, generalmente personas pobres, que son instadas por los legisladores, mediante engaños, a firmar documentos que son en realidad contratos para ocupar cargos inexistentes en sus gabinetes.

Las personas engañadas declararon desconocer los supuestos contratos y dijeron que entregaron sus documentos porque les dijeron que con ello recibirían el “Beca-Familia”, beneficio económico otorgado por el gobierno central a familias pobres a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela.

Por su parte, el diputado Natalino José Guimaraes, del partido derechista Demócratas (DEM), responde a un proceso ante el Organismo Especial del Tribunal de Justicia por sospecha de integrar la milicia “Liga de Justicia”, grupo de policías acusado por la Fiscalía de dominar comunidades pobres en la zona oeste de Río mediante extorsión y homicidios. El hermano del legislador, el consejal Jerominho del PMDB, está preso bajo la misma acusación.

A su vez, el legislador Geraldo Moreira, del Partido de la Movilización Nacional (PMN, independiente), está acusao de haber ordenado el asesinato a tiros del médico Carlos Alberto Peres Miranda, novio de su ex mujer.