La judicialización de la vida política se instala en Venezuela, con el desfile ante los tribunales de políticos, banqueros, militares, policías, periodistas y activistas que están en contra del presidente Hugo Chávez. Cuatro militares absueltos en el golpe contra Chávez en 2002 volverán a ser juzgados por solicitud de un fiscal afín al Gobierno. Los opositores le han pedido audiencia a Rodríguez Zapatero en su próxima visita al país para mostrarle “la otra cara de la moneda”.

Opositores civiles y militares abandonan el país antes de ser capturados
El más reciente proceso en Venezuela en contra de Enrique Mendoza, ex gobernador del estado del estado de Miranda y ex jefe de la coalición opositora Coordinadora Democrática, da razones para la oposición al chavismo en pensar que en Venezuela el sistema judicial opera como una extensión del Poder Ejecutivo.

Mendoza, quien promovió un referéndum para revocar el mandato de Chávez que el presidente ganó el pasado agosto, fue acusado de cerrar la televisora estatal Canal 8, además de otros seis delitos como subversión, rebelión civil y alentar al levantamiento público.

El más escandaloso enjuiciamiento ocurre contra el dirigente sindical opositor Carlos Ortega, quien está siendo procesado por rebelión, prófugo desde 2003, vivió un año asilado en Costa Rica y fue capturado en febrero en un casino caraqueño. Como presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cargo que aún tiene, codirigió la huelga contra Chávez en diciembre de 2002 y enero de 2003. “Se le juzga por ejercer el derecho de huelga. Es un preso político”, señala al respecto su correligionario socialdemócrata Manuel Cova, mientras que Orlando Castillo, de la central obrera Unión Nacional de Trabajadores, progubernamental, opinó que “al fin se hará justicia a un sindicalista irresponsable”.

Otros perseguidos políticos

La lista de perseguidos políticos sigue con los nombres de Alfredo Peña, ex alcalde opositor de Caracas, quien se marchó del país antes de que en octubre fuese elegido su sucesor, el oficialista Juan Barreto, también es acusado de malversar fondos de su administración, el joven líder opositor Eduardo Lapi, ex gobernador del noroccidental estado de Yaracuy, En el campo militar, el general Francisco Usón, ex ministro de Finanzas de Chávez que se apartó del presidente en abril de 2002, fue recientemente condenado a cinco años de prisión por difamar a la Fuerza Armada, después de haber dado unas declaraciones sobre supuesto uso irresponsable de lanzallamas en los cuarteles.

Varios oficiales están siendo procesados por facilitar el ingreso de paramilitares colombianos un año atrás, los que según las pesquisas fueron contratados por opositores extremistas para generar violencia antes del referendo de agosto, pero fueron tempranamente descubiertos.

Otros oficiales son juzgados por participar en diciembre en el secuestro en Caracas del guerrillero colombiano Rodrigo Granda, y el gobierno los acusa de haber recibido sobornos de Bogotá. También varios generales retirados que se manifestaron contra Chávez en una plaza caraqueña en octubre de 2002 son solicitados por la justicia, y uno de ellos, Felipe Rodríguez, sindicado además de dirigir atentados dinamiteros contra sedes diplomáticas de Colombia y España, fue recientemente capturado por las autoridades.

Tribunal Supremo, “a la carta”

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló la semana pasada una sentencia del 2002 que absolvió a cuatro militares acusados de encabezar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, que ahora podrían ir a juicio por cargos como rebelión militar.

La petición de suspender esa sentencia, que Chávez calificó como una “plasta” (excremento), fue hecha en diciembre del 2004 por su cercano colaborador y Fiscal General del país, Isaías Rodríguez, quien en el 2002 solicitó el antejuicio de mérito contra cuatro oficiales de alto rango.

La Sala Constitucional del TSJ decidió el viernes “declarar con lugar la referida solicitud y anular la sentencia proferida en fecha 14 de agosto de 2002 por la mencionada sala plena accidental que había declarado no a lugar al enjuiciamiento de los ciudadanos” militares, dijo la magistrada Luisa Estela Morales, presidente de esa instancia judicial.

Persecución a civiles

La fiscalía ha hecho declarar como testigos al magnate de medios de comunicación Gustavo Cisneros, a empresarios de prensa y televisión como Miguel Henrique Otero y Alberto Ravell, y a la presidenta de la central patronal Fedecámaras, Albis Muñoz, muy activa en la Coordinadora Democrática que quiso revocar a Chávez. En la cárcel esperan ser juzgados tres ex jefes de la Policía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero.

Efectivos de esa policía acompañaron a la marcha opositora que el 11 de abril de 2002 detonó el golpe de Estado, y participaron en los confusos tiroteos que liquidaron la marcha, con saldo de 19 muertos.

En las últimas semanas se abrió un proceso contra casi toda la plana mayor de la banca privada del país (y contra dos ex presidentes del emisor Banco Central), por presunta usura, al aplicar a sus clientes una modalidad de créditos con intereses indexados, lo que perjudicó a miles de compradores de autos y viviendas. El abogado Tulio Álvarez, quien redactó un informe sobre supuesto fraude en el padrón electoral utilizado durante el referendo de agosto, fue sentenciado a un año de cárcel (condena en suspenso) por difamar al diputado oficialista William Lara.

Los periodistas también han ido al banquillo. Contra Patricia Poleo, directora del tabloide opositor Nuevo País, la fiscalía abrió un proceso por divulgar documentos de un sonado crimen, y la redactora Tamoa Calzadilla, del diario independiente Últimas Noticias, ha sido interrogada para que revele sus fuentes en el mismo caso. Ivéyise Pacheco, columnista del diario liberal y opositor El Nacional, fue condenada a nueve meses de cárcel, con sentencia en suspenso, por difamar a un general a propósito de sus estudios, pero la comunicadora sostiene que se le cobra su militancia opositora.

Finalmente, un emblemático caso de la justicia es el de la activista popular Yasmín Manuitt, seguidora de Chávez que promovió la invasión de personas sin techo a unas 50 casas y edificios en varios lugares de Caracas. Para Teodoro Petkoff, director del vespertino opositor Tal Cual, “estamos en presencia de un operativo de judicialización de la política extremadamente peligroso. La fiscalía no opera como una institución del Estado sino como un brazo represivo del gobierno. Los problemas políticos son despojados de tal condición y transferidos al escenario judicial”.

Reunión de la oposición con Zapatero

Representantes de partidos opositores venezolanos con representación parlamentaria indicaron hoy que serán recibidos por el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su visita a Venezuela el 30 de marzo.

Los diputados Freddy Lepage y Rafael Simón, del Polo Democrático, grupo con media docena de los 165 escaños de la Asamblea Nacional, dijeron a periodistas que el encuentro con Rodríguez Zapatero les fue confirmada por la Embajada española. Lepage apuntó que en la reunión también podrían participar otros partidos no integrados en el ´Polo´ como el socialdemócrata Acción Democrática, el mayor y más sólido de oposición, el democristiano Copei, el Movimiento al Socialismo (MAS) y otros con un reducido número de diputados.

El ´Polo´ fue creado el pasado 12 de marzo y está compuesto por el ´Bloque Socialdemócrata´, ´Vamos´ y ´Solidaridad´, que se definen como de centro izquierda. ´Los temores de que (Rodríguez Zapatero) viniese a reunirse sólo con Chávez quedan disipados. De esta forma podrá ver la otra cara de la moneda´, añadió Lepage.

Simón se mostró temeroso de que las ventas de material bélico de España a Venezuela desaten una carrera armamentista en la región. ´La venta de equipos va a producir una escalada. No hay que olvidar que la mayoría de los países latinoamericanos tiene conflictos fronterizos pendientes. Si alguien le vende armas a Venezuela se arma Colombia, si le vende a Argentina se arma Chile´, manifestó Simón.