La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast no se limitó a cerrar la etapa de instalación, la reordenó. El Ejecutivo la usó como línea divisoria entre un antes y un después, dejó atrás un período de errores no forzados e intentó desplazarse hacia un conjunto de causas de amplio respaldo popular. Estas últimas son las mismas que en campaña diferenciaron al hoy Presidente, como el control migratorio, el respaldo a Carabineros y a las Fuerzas Armadas y -como componente social acotado, pero deliberadamente popular- el proyecto de Sala Cuna Universal.

El objetivo ha sido ordenar al Gobierno, priorizar su agenda y reducir la confrontación directa con la ciudadanía en materias sensibles, por ejemplo, el alza de los combustibles. Este giro intenta reconfigurar la agenda en torno a ejes de adhesión masiva, por lo que define el terreno donde se desarrolla la disputa política. El movimiento ya tuvo un efecto medible: detuvo la caída de adhesión que el Gobierno venía arrastrando.

La pregunta relevante no es si el oficialismo acertó en cada medida, sino qué ocurre con la disputa política cuando se instala en el terreno donde las preferencias ciudadanas son más nítidas y favorables al proyecto. Lo que ocurre es un desplazamiento de la carga: el Ejecutivo traslada sobre la oposición el peso de la diferenciación. En un sistema fragmentado, donde la identidad de cada bloque depende de su distancia frente al resto, ese peso resulta estructuralmente costoso, ya que diferenciarse de un Gobierno que defiende causas altamente respaldadas, obliga a posicionarse en contra de lo que la mayoría comparte.

En ese contexto, un concepto como criminalización de la protesta -que la Alerta Conceptual de esta edición desarrolla en detalle-, adquiere un rol central, porque permite cuestionar políticas de amplio respaldo sin discutir su contenido y trasladar el debate hacia sus implicancias simbólicas. Es la vía por la cual la oposición busca victorias en donde carece de respaldo popular.

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Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org

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