“…una pésima implementación de la política pública educacional por parte del Ejecutivo…””…una pésima implementación de la política pública educacional por parte del Ejecutivo…”

Con gran rechazo de la opinión pública y enormes dudas respecto al aporte a la calidad que significaría, el primer año de gobierno de la mandataria chilena Michelle Bachelet, se encontró marcado en materia de educación escolar por la discusión de la iniciativa legal emanada desde el Ejecutivo (Mensaje N° 131-362) que pretendía, entre otros: a) regular la admisión de los educandos a todas las escuelas que reciban recursos públicos, sean aquellas de administración estatal o particular, sustituyendo los actuales procesos, establecidos libremente y en común acuerdo entre las familias y las unidades académicas, por uno centralizado, dirigido desde Santiago, el que fuese graficado por la figura de una tómbola; b) la privación de aportes económicos a las unidades  académicas que tengan reparto de utilidades, obligando para la obtención de fondos, convertir a las actuales figuras legales de las escuelas en corporaciones o fundaciones; c) eliminar los aportes económicos voluntarios que realizan las familias a las escuelas sustituyéndolos por menguados aportes estatales y; d) dejar al arbitrio de la autoridad gubernativa educacional (MINEDC) la determinación de la pertinencia de la apertura de nuevas escuelas, con lo cual no bastará que los emprendedores de la educación tengan el deseo de hacer un aporte en aquel ámbito o que cuenten con el apoyo de las familias a las cuales les prestarán sus servicios de enseñanza escolar, sino que se deberá contar con la aprobación del burócrata de turno, quien tendrá en sus manos, de forma completamente discrecional, la decisión.  

Finalmente la iniciativa del Ejecutivo se convirtió en una obligación legal durante la primera parte del año 2015, mediante la Ley 20.845 denominada “Ley de Inclusión” la cual entró en vigencia este 1 de marzo y, al igual que durante el periodo de tramitación en el legislativo, persiste el rechazo  hacia la iniciativa del gobierno como las dudas respecto a su aporte. 

Es oportuno señalar que la Ley 20.845 respecto a los temas anteriores viene a establecer grandes lineamientos. El detalle de la manera en que se materializará la implementación de aquellos preceptos, es decir, el cúmulo de obligaciones, prohibiciones y restricciones a las cuales serán sometidas las unidades académicas chilenas que recogen el 92% de la matrícula escolar, se encontrarán establecido en una serie de disposiciones reglamentarias, cuya elaboración es responsabilidad del Ejecutivo. La forma detallada en que como se aplicará la ley, las normas y procedimientos a las cuales deberán someterse las escuelas y las familias, queda al arbitrio de una serie de burócratas a cargo de Michelle Bachelet, mandataria que actualmente cuenta con apenas un 28% de aprobación popular. Son más de 15 los reglamentos que el Ejecutivo debe elaborar, siendo muy pocos los que han visto la luz hasta el momento, a pesar de contar la autoridad pública educacional con una cantidad no despreciable de funcionarios abocados a dicha labor. Esta situación es claro testimonio de la incompetencia del Gobierno y del despilfarro de recursos que se lleva a cabo, recursos que podrían ir de manera directa al proceso educativo, esto es, a las aulas.  

El año escolar en Chile ya comenzó y las escuelas y asociaciones de padres y apoderados han denunciado zonas oscuras y vacíos en la nueva legislación. Situación que se vio agravada con una circular del ente contralor de la educación chilena (Superintendencia de Educación) la cual establecía una serie de disposiciones, en interpretación de la ley, que para muchos actores fue considerada como una intromisión en la administración de las unidades académicas y en un atentado a la libertad de enseñanza, precepto resguardado constitucionalmente. 

Todo lo anterior da muestra de una pésima implementación de la política pública educacional por parte del Ejecutivo, que contribuyen a bajar los niveles de adhesión al gobierno y a aumentar la incertidumbre que viven las comunidades escolares, incertidumbre que se ve agravada si consideramos que la Ley de Inclusión tiene una entrada en vigencia diferida, tanto en sus preceptos como en zonas geográficas de aplicación.  

La improvisación mostrada por el Gobierno de Bachelet, la baja adhesión que ostenta y el alto rechazo que genera en las ciudadanía la Ley de Inclusión son elementos que deben ser considerados para pensar seriamente que aún es tiempo y que esta legislación que establece grandes cambios estructurales puede ser cambiada, sobre todo teniendo en cuenta que día a día va quedando en evidencia que existe una clara colisión entre la voluntad de las escuelas y las familias, con la voluntad de un gobierno que logra sacar adelante una ley mediante una mayoría circunstancial en el congreso.

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