Hace unas semanas los legisladores chilenos aprobaron el proyecto de ley laboral docente impulsado por el gobierno de la Presidente Michelle Bachelet. Legislación que extiende y profundiza la miles de veces denunciada perversa relación laboral existente entre el Estado y los profesores.

Éste es el segundo proyecto para el sector escolar que el Gobierno logra sea aprobado.

El primero fue el que prohíbe el lucro en las unidades académicas que reciben fondos públicos, impidiéndoles al mismo tiempo solicitar aportes económicos a las familias y seleccionar a sus alumnos. Y que además limita la posibilidad de escoger escuela a los padres, haciendo por otra parte, que quede al arbitrio del burócrata de turno la decisión de asentir o no a emprendedores de la educación, la apertura de nuevas unidades académicas. Dicha legislación ya ha provocado que no pocas escuelas sostenidas por particulares cierren sus puertas. Queda pendiente en tramitación una tercera iniciativa, a saber, la denominada desmunicipalización. Proyecto el cual pretende que las escuelas gestionadas actualmente por los ayuntamientos, las cuales recogen cerca del 30% del total de la matrícula, vuelvan a la administración directa del Estado.

Aquellas tres propuestas constituyen las estrategias del gobierno de Bachelet para desmantelar el histórico sistema de provisión mixta de educación chilena y erigir un Estado Docente, constructor de un totalitarismo educacional.

Si los Estados se alzan con la misión de enseñar, las personas escolarizadas bajo aquél fácilmente internalizarían durante dicho ejercicio toda instrucción, conocimiento, habilidad y competencia que el Estado desee inculcarle, siendo sencillo que el educando se transforme en un fanático seguidor de su educador, con lo cual el régimen de servidumbre estaría configurado de manera absoluto. Ni siquiera sería necesario utilizar refinadas o brutales técnicas a fin de quebrantar la voluntad de las personas, puesto que aquella no existiría, sólo sería posible observar la voluntad del Estado hecha literalmente carne.  La esclavitud provocada por un Estado que se dedica a la enseñanza de las personas, convierte en pueriles divertimentos todas las torturas y barbaridades observadas a lo largo de la Historia. En atención a lo anterior, existe la evidente y absoluta necesidad de separar al Estado de la enseñanza. No hacerlo sería condenar a esclavitud a las personas.

El derecho a educar pertenece a la familia. Principio ampliamente reconocido. Así, v. gr., en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se puede leer que: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Asimismo, en parecidos términos, el punto 6 de la Declaración Gravissimum Eduacationis del Concilio Vaticano II sobre la educación cristiana anota: “Es preciso que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas”.

Y es por delegación de la autoridad familiar que les es posible enseñar a los docentes, siendo la familia la llamada a determinar la idoneidad de la enseñanza que reciben sus miembros, como así la idoneidad de los profesores y maestros.

Basta con revisar someramente las tres iniciativas del Gobierno de Bachelet, para fácilmente advertir que aquéllas no tienen por intención mejorar la calidad de educación que se les entrega a los jóvenes chilenos, sino que tienen como propósito mermar la educación sostenida por particulares en favor de la que pueda suministrar el Estado.

Si fuese la búsqueda de la calidad lo que inspira las iniciativas presentadas, aquellas irían en búsqueda de profundizar los elementos que han hecho que Chile tenga, según la UNESCO, el mejor sistema educativo de la región, sistema que además en atención a los resultados de la PISA ha sido el que más rápido ha mejorado y el que menos desigualdad presenta, considerando los datos del BID. Situación que ya el año 2010 fue advertida por el Informe McKinsey.

Las propuestas del gobierno, no sólo constituyen una garantía para un fracaso seguro en cualquier aspecto que se desee medir del sistema escolar chileno, sino que también significan construir un sistema, caracterizado por la Nobel poetiza y docente chilena, Gabriela Mistral, como: “especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias (…) centurión que fabrica programas y que apenas deja sitio para poner sabor fuerte de alma.”

El aumento de la calidad de los sistemas escolares no pasa por el accionar del Estado, sino que por el contrario, radica en la mayor participación de las personas y de las familias. Colocarlas a ellas en el centro es la única respuesta. No hacerlo significa pagar un alto costo y la construcción de un fututo opaco y lastimero.

© Libertad.org