Los fanáticos del estado del bienestar han estado muy ocupados en la franja horaria del Pacífico.

Jeff Jacoby

En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger recientemente introducía en vigor una ley que prohíbe a los restaurantes utilizar grasas saturadas al preparar comida. En Seattle, los miembros del consistorio municipal aprobaban una legislación que exige que los compradores abonen 20 centavos por cada bolsa de plástico o bolsa de papel que utilizan en los supermercados, las farmacias o los súperes. En Los Ángeles, una nueva “moratoria” prohíbe la apertura de locales de comida rápida nuevos a menos de un radio de 32 millas de una zona de la ciudad que es la residencia de medio millón de habitantes de renta baja. “En última instancia,” afirmaba el auspiciador de la moratoria en una circular de prensa, “esta ordenanza pretende dar opciones.” Pero cómo va a generar más opciones prohibir la creación de nuevos locales de comida rápida en una zona pobre de Los Ángeles no se explica.

 

En San Francisco, mientras tanto, el alcalde Gavin Newson ha propuesto una normativa con carácter de ley referente al reciclado orgánico e inorgánico que obligará a los residentes y las empresas a clasificar su basura en múltiples contenedores por colores, cuyo contenido será inspeccionado por los basureros locales. Los individuos que no “separen los filtros del café del papel de periódico,” informaba el San Francisco Chronicle, “se enfrentarán a multas de hasta 1.000 dólares y eventualmente podrían ver detenido el servicio de recogida de su basura.”

 

Por supuesto no es exclusivamente en la Costa de la Izquierda que los paternalistas del gobierno están ocupados restringiendo libertades con el fin de ahorrar a los adultos los problemas derivados de tomar decisiones por sí solos.

 

Los reguladores de Boston quieren prohibir la venta de cigarrillos en los comercios y en campus universitarios y clausurar de golpe los bares de aficionados al tabaco. Para la comisario de salud pública de la ciudad no supone ninguna diferencia que los productos del tabaco sean legales y que muchos particulares los disfruten a pesar de sus bien conocidos riesgos para la salud. “¿Por qué,” pregunta con indignación, “se querría vender algo que no tiene absolutamente ninguna contraprestación y acaba matando a mucha gente?”

 

Los pantalones de rapero, una ridícula tendencia en moda en la que los pantalones se llevan con el tiro lo bastante bajo para mostrar la ropa interior de uno, han sido prohibidos en comunidades de Luisiana a Michigan. En Riviera Beach, Fla., donde una iniciativa prohibiendo los pantalones de rapero era aprobada de forma aplastante, a aquéllos que los lleven les puede ser impuesta una multa de 150 dólares en el caso de ser primer delito y hasta 60 días de cárcel por infracciones reincidentes. “No es nuestra intención enriquecernos a base de multas ni encerrar a la gente,” insistía el alcalde Thomas Masters. “Se trata de enviar un mensaje simple: Súbase sus pantalones.”

 

Hubo un tiempo – los lectores más jóvenes encontrarán esto llamativo – en el que la sociedad era capaz de transmitir tales mensajes con eficacia sin recurrir al procesamiento judicial. De igual manera hubo un tiempo en el que los adultos podían decidir por su cuenta si comerse un Big Mac para comer, o llevarse a casa sus compras en una bolsa desechable, o comprar un paquete de habanos en la tienda de la esquina. El hecho de que algunas personas desaprobaran sus elecciones no se juzgaba razón suficiente para desplegar el poder policial del estado. La libertad, se sobreentendía, incluía por fuerza la libertad de elegir de forma poco sabia.

 

Ya no. Los políticos de hoy pueden invocar la “libertad de elección” cuando predican las virtudes del aborto, pero la libertad se evapora en cuanto se refiere a asuntos que ellos consideran verdaderamente importantes.

 

Así, Hillary Clinton, haciendo campaña a principios de este año en Zanesville, Ohio, aprobaba la acción pública para inducir a los particulares a “dejar de fumar, hacer más ejercicio, comer de forma sana, tomarse sus vitaminas.” En 2007, John Edwards decía a los votantes de Iowa que bajo su propuesta de atención médica universal, “No se podrá elegir no ir al médico… Tendrá que ir y hacerse un chequeo y asegurarse de que está bien.” John McCain, co-autor de una egregia ley de financiación de campaña, es inflexible en que no se debe permitir a los electores ejercer sus libertades amparadas por la Primera Enmienda sin la ayuda de Washington. “Preferiría tener un gobierno limpio,” dice, “antes que uno en el que, cito, el respeto a los derechos de la Primera Enmienda hayan posibilitado su corrupción. Si tuviera que elegir, preferiría tener el gobierno limpio.”

 

Si yo tuviera que elegir, preferiría tener la Primera Enmienda. Pero el Congreso retiró esa opción de entre las posibles.

 

No existe límite a las ideas de los estatistas del estado del bienestar para salvarnos de nosotros mismos. En Dallas es ilegal mostrar públicamente un arma de juguete. Los reguladores energéticos de California han soterrado una propuesta para exigir por ley que hogares y edificios instalen termostatos que el gobierno pueda controlar a distancia. El guión de “Jersey Boys,” un musical sobre Frankie Valli y los Four Seasons, tuvo que ser retocado después de que una aficionada de Chicago denunciase que los actores se encendían un pitillo en el escenario, en violación de la prohibición municipal de consumo de tabaco.

 

La vigilancia externa, comprendían en tiempos los estadounidenses, es el precio de la libertad. Bueno, eso era entonces. Los americanos hoy disponen de menos tiempo para la libertad, puesto que están ocupados absorbiendo mensajes más importantes. Como “aparte ese cigarrillo.” Y “súbase sus pantalones.”