Que los estudiantes universitarios se endeuden para sufragar los gastos de sus estudios ha sido lo normal en Estados Unidos desde hace muchos años. Esto no se consideraba un gran riesgo teniendo en cuenta que accedían fácilmente al mercado laboral, y estaban en disposición de devolver el préstamo. Ahora, la crisis ha hecho saltar por los aires este equilibrio, y el gobierno norteamericano busca la manera de atender un clamor popular.
Obama ha anunciado un nuevo plan destinado a reducir la carga económica que suponen los préstamos universitarios. Por un lado, se permite que los estudiantes que estén pagando deuda por dos préstamos federales distintos unifiquen sus pagos, además de rebajar el interés entre un 0,25% y un 0,5%, según la forma de pago. La administración Obama cree que esta medida beneficiará a más de 5 millones y medio de estudiantes.
La segunda medida consiste en que el tope máximo de sus ingresos que el graduado ya empleado tiene que pagar por su préstamo federal se rebaja del 15% al 10%. Además la deuda se perdonará al cabo de 20 años en lugar de 25 como hasta ahora.
Algunas de las medidas ya estaban anunciadas para 2014, pero las recientes protestas sociales y la cercanía de las elecciones han hecho que Obama haya decidido adelantar su aplicación a principios de 2012.
Dos tercios de los universitarios se endeudan
En los últimos meses Obama ha acuñado el lema “We can´t wait” (No podemos esperar) para denunciar el bloqueo del Congreso que, según su opinión, está llevando a cabo el Partido Republicano para debilitar al gobierno federal y atarle las manos antes de las elecciones. El Presidente se ha aprovechado además del clima de opinión creado por el movimiento Ocupa Wall Street, para presentar sus medidas como respuesta a una de las denuncias más escuchadas entre los indignados norteamericanos: los préstamos necesarios para poder estudiar en las universidades públicas y privadas del país se han convertido en un lastre para las economías de los recién graduados durante un periodo cada vez más largo de su vida.
Dos tercios de los graduados en 2008 terminaron sus estudios endeudados con préstamos, cuando en 1993 eran menos de la mitad. Según un informe publicado recientemente por el Institute for College Access and Success, la deuda media de un estudiante tras cuatro cursos en la universidad era el año pasado de 24.000 dólares. No es que la cantidad haya subido exageradamente en los últimos años, pero la dificultad cada vez mayor de los graduados universitarios en el mercado laboral hace que lo que en tiempos pasados era una inversión segura se haya convertido en un factor de riesgo y la morosidad está creciendo.
Obama presentó las nuevas medidas como una forma de estimular la economía, poniendo más dinero en manos de los estudiantes o los recién graduados.
Los que más lo necesitan
Una de las críticas que ha recibido el plan anunciado por Obama es la de que no beneficia precisamente a quienes más lo necesitan: los graduados que no consiguen entrar en el mercado laboral y que tienen una importante deuda acumulada. En efecto, las dos medidas anunciadas por Obama afectan solo a los actuales estudiantes, y ni siquiera a una mayoría.
Solo 450.000 estudiantes están inscritos en el programa Pay as you Earn –paga cuando ganes dinero– de los más de 36 millones de universitarios estadounidenses que han contraído algún tipo de deuda para pagar sus estudios. Precisamente la reducción de la carga económica de este tipo de programas pretende atraer a un mayor número de universitarios hacia esta forma de financiación.
La posibilidad de unificar los préstamos también tiene un alcance limitado. Solo beneficiará a quienes hayan recibido un préstamo del Direct Loan Program, un programa en el que es la propia administración quien concede el préstamo, y otro del antiguo Federal Family Education Loan (FFEL), por el que entidades privadas gestionaban fondos federales. En total, está previsto que esta medida afecte a unos cinco millones y medio de estudiantes.
El negocio del préstamo
Hace algo más de un año, el gobierno federal suprimió los préstamos de fondos federales manejados por entidades privadas, que hasta entonces se habían canalizado a través de la FFEL. Desde entonces, todo universitario que quiere recibir un préstamo público debe gestionarlo directamente con la Administración. Para ello, se han creado oficinas de préstamo en las universidades. Pero algunos alumnos se quejan de que la calidad de los servicios de asesoría y de seguimiento del préstamo ha bajado con el cambio.
El monopolio estatal de los préstamos ha tenido sus ventajas para los estudiantes. La primera y más directa ha sido la reducción de las tasas de interés. Sin embargo, el año que viene está anunciada una subida de esta tasa, que doblará su valor actual, del 3,4 % al 6,8%. Para muchos estudiantes, y también para el colectivo Ocupa Wall Street –en la medida en que es posible otorgar representatividad a sus declaraciones– esta es la principal amenaza para los estudiantes universitarios.
Además, al encarecimiento de los préstamos hay que añadir el de las tasas de universidades públicas y privadas en los últimos años: según un informe del College Board las tasas aumentaron el último año más de un 5% en los centros públicos y algo más de un 4% en los privados, dejando el importe de las matrículas anuales en una media de 21.447 dólares y 42.224 dólares respectivamente.
La Administración como prestamista
El préstamo universitario fue un negocio próspero para muchas entidades privadas, fundamentalmente bancos, durante la época en la que podían gestionar fondos estatales. Aún así, las cuentas estaban vigiladas por la Administración y el beneficio se reinvertía en programas educativos. Ahora, en cambio, los beneficios van a parar al tesoro público, y en ocasiones se utilizan para tapar otros agujeros.
Algunos representantes del Partido Republicano han criticado el plan de Obama porque consideran que es un intento oportunista por reducir el déficit aprovechándose de los estudiantes.
Cuando Obama anunció el fin de la gestión privada en los préstamos estatales, la medida fue lanzada a la opinión pública como una manera de dedicar más dinero a los estudiantes necesitados. El dinero que ahorraría así el gobierno sería invertido en los fondos de los que se nutren los préstamos Pell, buque insignia de los préstamos federales.
Pero según algunos sectores de opinión, los préstamos siguen siendo un negocio próspero, solo que ha cambiado de manos: “El gobierno federal está sacando mucho dinero de los estudiantes y de los padres. Existe el riesgo de que los trate como si fueran cajeros automáticos”, asegura Becky Timmons, vicepresidente adjunto del American Council on Education.
Muchas ayudas y muy poco trabajo
La extensión de algunos programas de préstamo hace que el volumen de deuda no haga más que engordar. Según los datos de la propia Administración federal, la deuda por préstamos universitarios supera ya a la de las hipotecas.
El aumento de las tasas universitarias y la popularidad de medidas que aumentan la dotación de las becas han acabado por generar una espiral de gasto público difícilmente sostenible. Un ejemplo de este proceso es el de los préstamos Pell. Desde que Obama llegó al poder el número de beneficiarios no ha dejado de crecer. En los dos últimos cursos se han sumado más de dos millones de nuevos prestatarios. El poco estimulante panorama del mercado laboral hace que muchos universitarios vuelvan a las aulas. La crisis económica, por otra parte, ha provocado que un mayor número de personas cumpla el perfil para acceder a uno de estos préstamos.
Además, en los últimos cuatro años ha ido aumentando el importe máximo que se puede recibir, de los 4.350 dólares en 2008 a los 5.550 en 2011. No obstante, la cantidad media abonada al estudiante no cubre ahora más que un tercio de los costes de los estudios, mientras que en su origen –años 70– cubría casi un 75%.
También se han suavizado los criterios para acceder a una de estas becas, de manera que hay más estudiantes que reciben la mayor cantidad posible de ayuda estatal. Ya se ha planteado la necesidad de redefinir estas ayudas, para que realmente sirvan a los que lo necesitan, y no provoquen un gasto público innecesario. En 2005, solo un 7,8% de los beneficiarios ganaban más de 40.000 dólares al año. Cuatro años más tarde el porcentaje había aumentado hasta el 11,3%.
La extensión de las facilidades para adquirir un préstamo o una beca contrasta con la situación del mercado laboral, que no asegura que los jóvenes graduados puedan devolver el préstamo o hacer valer el título para conseguir un buen puesto. La tasa de paro entre los jóvenes ha alcanzado el 9,4%, alta para EE.UU., y el título universitario ha perdido valor en el mercado, aunque se espera que esta sea una circunstancia transitoria.