Después de meses de diálogo, Estados Unidos ha decidido pasar por alto algunos desmanes de Pekín hacia los Derechos Humanos y no presentará resolución condenatoria contra China ante la ONU. Washington ha preferido valorar los avances positivos.

ANTE NACIONES UNIDAS
Estados Unidos ha decidido pasar por los últimos desmanes de China, que han
despertado un poco de revuelo a nivel internacional, y esté año se abstendrá de
presentar una resolución crítica sobre la situación de los Derechos Humanos en
el país ante la Comisión de la ONU. El Gobierno de Washington ha preferido dar
un voto de confianza al Gobierno chino y esperar a ver cómo sigue
reaccionando.

Y es que Estados Unidos considera que, a pesar de que la
situación no es tan buena como se desearía, sí se han dado avances positivos en
este sentido. La decisión norteamericana no ha dejado de sorprender a la espera
de que el 22 de abril la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (la más
importante del sistema) celebre la primera semana de su período anual de
sesiones.

Pero la decisión de Washington no impide que el Gobierno de
George W. Bush siga preocupado en gran medida sobre la situación en China, como
lo demuestra el informe mundial sobre los derechos humanos que publicó el pasado
mes de febrero su Departamento de Estado. Parece que Estados Unidos ha optado,
en este caso, por el refuerzo positivo.

Simultáneamente, varias
organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos en el
mundo, persisten en sus críticas hacia la crítica situación que vive el Tíbet.
No entienden por qué la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no ha puesto, a
día de hoy, freno a estos abusos por parte del Gobierno de Pekín.

En
cualquier caso, la decisión de Washington no ha sorprendido en Europa. Ya hace
días fuentes diplomáticas adelantaron que Estados Unidos podría no presentar
este año una resolución condenatoria debido al diálogo que mantiene con China
durante los últimos meses. De hecho, en los últimos años, las autoridades chinas
han aceptado dialogar con Estados Unidos y Gobiernos europeos con la condición
de que moderen las críticas públicas hacia sus políticas.