Política

EEUU y Latinoamérica: una agenda vista desde la seguridad (I)

La posesión de George W. Bush para su segundo periodo al frente del gobierno de los Estados Unidos de América, abrió nuevamente las discusiones sobre la naturaleza e intensidad de las relaciones de ese país con América Latina y el Caribe durante los próximos cuatro años.


Este debate ya se había dado durante el inicio de su primer periodo, cuando sus
antecedentes como gobernador de Texas y la alusión en su campaña presidencial a
la necesidad de un fortalecimiento de las relaciones con los países al sur de
los Estados Unidos, generaron discusiones acerca de cómo se aproximaría el nuevo
gobierno republicano hacia el resto del continente.

Con la inauguración
de su segundo periodo, el debate reapareció con una mayoría apuntando al
sostenimiento de la agenda desarrollada durante los primeros cuatro años de
Bush, para muchos caracterizada por cierta apatía hacia América Latina y el
Caribe. Sin embargo, los postulados de la política exterior estadounidense y los
pronunciamientos de los principales funcionarios encargados de esta, empiezan a
mostrar un interés creciente por la situación en la región (manteniéndose en un
plano secundario), vista desde el lente de la seguridad.

• Una política
exterior condicionada por el terrorismo

El inicio del primer periodo de
Bush estuvo acompañado del reconocimiento de la importancia de mantener una
relación estrecha con Latinoamérica, como quedo demostrado en su primer discurso
ante los empleados del Departamento de Estado -DOS-, en el cual indicó que al
sur de los EEUU se encontraba una región a la que consideraba una fuente de
“oportunidades y potencial”, que había sido olvidada por la Casa Blanca1; así
como con su primer viaje al exterior a México, que además de ser un importante
socio bilateral es la puerta al sur.

Ésta indicación de Bush al
Departamento de Estado sobre Latinoamérica y el Caribe, se vio inmediatamente
reflejada en la política oficial hacia la región dictada por el Departamento de
Estado2, la cual se debería concentrar en el fortalecimiento de la democracia en
colaboración con los socios regionales, el fomento el desarrollo económico y el
desarrollo de una respuesta hemisférica integrada y efectiva a las cuestiones
transnacionales importantes, especialmente al narcotráfico.

Asimismo, el
Presidente Bush recibió en Washington a siete presidentes latinoamericanos
durante sus primeros seis meses de gobierno, con quienes discutió la importancia
de avanzar en la consolidación del libre comercio en el hemisferio y de impulsar
la agenda de la cumbre de las Américas3, lo que en la visión del Secretario de
Estado de EEUU Colin Powell4, indicaba como el Presidente Bush trabajaba
consistentemente en sus postulados de enero de 2001 sobre “oportunidades y
potencial” en América Latina.

Para Powell, estas reuniones eran una
demostración del trabajo del gobierno estadounidense en la consolidación de una
red hemisférica para la defensa de la democracia, con base en el reconocimiento
de la corrupción y los desajustes económicos como amenazas latentes para la
estabilidad en la región. Esto sería reiterado en la tercera Cumbre de las
Américas de Québec, donde la delegación estadounidense encabezada por Bush
propuso la consolidación de una bitácora de trabajo en este sentido, que tomara
el impulso del Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA-, como un mecanismo
para el fortalecimiento económico de la región y la generalización del buen
gobierno en todos los niveles, y un seguro para el sostenimiento de las
democracias5.

El trabajo de la delegación estadounidense en Québec
confirmó la preocupación del gobierno Bush por neutralizar de manera oportuna
cualquier crisis democrática en América Latina, que podría convertirse en un
escenario potencial para el desborde de lo que el Departamento de Estado había
llamado “asuntos transnacionales”, como el narcotráfico y las migraciones, entre
otros.

La agenda de los Estados Unidos hacia América Latina, se dedicaba
entonces en la práctica a desarrollar objetivos como: desempantanar las
negociaciones del ALCA, (la cual había sido proyectada para el año 2005 pero que
sin lugar a duda presentaba un retrazo sustancial); las crisis de gobernabilidad
en Ecuador, Haití y Perú principalmente; la crisis financiera Argentina; el
sostenimiento de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico en el área
andina; el aumento de la presión para una transición hacia la democracia en
Cuba; la atención a desastres naturales en Centroamérica y el Caribe; y el
mejoramiento de la situación migratoria y la lucha contra el crimen en
México.

Además de lo que se vislumbraba como la aceptación del gobierno
Bush de la existencia de una agenda diversa con la región, el Departamento de
Estado dio un paso adicional hacia la consolidación de una relación más fluida y
una participación más activa en el ámbito hemisférico, con el reconocimiento6 de
la importancia de la OEA como el foro de mayor importancia para la búsqueda de
soluciones multilaterales a los asuntos que afectaran la estabilidad
hemisférica, lo que se vio reflejado en el apoyo de los EEUU a la aprobación de
la Carta Democrática Interamericana, en Perú el 11 de septiembre de
2001.

Este breve recuento de la consolidación de la política
estadounidense hacia la región durante los primeros nueve meses de gobierno,
permite ver como todos los pasos de la Casa Blanca en esa dirección demostraban
lo que un buen número de analistas vislumbraba como una oportunidad histórica
para las relaciones continentales en el marco del comercio y la consolidación de
la democracia.

Sin embargo, la ruta que apenas empezaba a remontarse
quedo bloqueada tan solo nueve meses después de iniciada, como resultado de los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington,
los cuales causaron el cambio inmediato de las políticas del gobierno Bush,
redireccionando los esfuerzos de la Casa Blanca hacia el aplastamiento de los
enemigos involucrados en estos actos.

A partir de esa fecha, la política
exterior estadounidense se concentró exclusivamente en la seguridad global y la
defensa de su territorio, por lo cual todos los esfuerzos financieros y
políticos que requería la diversa agenda de América Latina y el Caribe dejaron
de ser una prioridad. Tras la invocación del Tratado de Rió7, como una respuesta
a los terroristas y la reiteración de que el ataque a cualquier miembro del
Tratado es un ataque contra todos, la agenda en construcción pasó a un segundo
plano y las prioridades cambiaron definitivamente.

Durante los tres años
siguientes el Gobierno de EE.UU. declaró una guerra global contra el terrorismo,
en la que sus prioridades eran garantizar su seguridad interior, consolidar una
alianza internacional para librar la guerra y cumplir con su misión
contraterrorista en Afganistán e Irak. Sobre estas prioridades la administración
de Bush encuadró su agenda para América latina y el Caribe, privilegiando las
relaciones con sus aliados regionales en la guerra global contra el terrorismo y
actuando en respuesta a los factores potenciales de inestabilidad en el
continente. De hecho, el terrorismo y la seguridad son los temas más repetidos
en los discursos y comunicados de la Oficina para Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado a partir del 11 de septiembre de
2001.

De las prioridades trazadas antes del 11 de septiembre, el gobierno
estadounidense mantuvo algunas que consideraba enmarcadas en su nueva agenda
internacional y en la guerra global contra el terrorismo, como la ampliación de
la cooperación para la lucha contra el narcotráfico en Colombia a la lucha
contra los grupos armados ilegales.

Asimismo, aumentó su presión sobre
el régimen de Fidel Castro, señalándolo como auxiliador del terrorismo
internacional8, desplegó sus tropas en Haití en la crisis que generó la dimisión
del presidente Aristide, apoyó políticamente las labores de la OEA en la crisis
boliviana que derivó en la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Losada,
reforzó su acción política para el sostenimiento de los gobiernos en Ecuador y
Perú, y se concentró en los efectos externos e internos del gobierno del
presidente Chávez. Todas estas acciones encaminadas a prevenir y neutralizar
cualquier amenaza contra la estabilidad del continente y por ende, contra la
seguridad de los EEUU, la cual ya estaba bastante afectada por al amenaza
terrorista.

Igualmente, aumentó su atención sobre México y subrayó la
necesidad de fortalecer la acción bilateral en el tema fronterizo con el fin de
neutralizar la posible entrada de terroristas y armas a los Estados Unidos por
esa frontera de reconocida permeabilidad.

En un segundo plano quedaron la
crisis financiera argentina; la atención a desastres naturales en Centroamérica
y el Caribe; y el ALCA, privilegiando las negociaciones bilaterales o regionales
de libre comercio; temas de alguna importancia para EEUU, pero que al no
significar un factor de inseguridad latente, dejaban de ser una prioridad.


Ante el inicio de la campaña electoral estadounidense y la postulación
de Bush para un segundo periodo, una vez más el tema de la agenda de EEUU para
la región se puso sobre la mesa, y debido a la importancia creciente del
electorado de origen latino en las votaciones de los Estados Unidos, los
partidos crearon en cada una de sus campañas grupos de trabajo sobre América
Latina y el Caribe.

No obstante, la región siguió siendo un tema
secundario frente a la importancia innegable que tenia para los candidatos
definir la pertinencia o no de la guerra en Irak, la eficiencia de la guerra
global contra el terrorismo y el control de la proliferación nuclear, en cuanto
a la agenda internacional atañía. Esto quedó demostrado en el primer debate
público de los candidatos republicano y demócrata, quienes utilizaron el
escenario de la Universidad de Miami para hablar de los temas internacionales,
sin tener en cuenta ni una sola vez los asuntos de América Latina y el Caribe.


La campaña electoral terminó con la elección de Bush para un segundo
periodo, quien durante su campaña propuso definir una “nueva dirección” en las
relaciones con la región, lo que podría significar el reconocimiento de la pobre
interacción con el sur durante su primer periodo.

Dicha “nueva
dirección” de las relaciones, enmarcada en lo que la nueva Secretaria de Estado
Condoleeza Rice señalaría como las tres grandes tareas de la diplomacia
estadounidense en el mundo: la construcción de un sistema internacional basado
en el cumplimiento de la Ley; el fortalecimiento de las democracias que luchan
contra las amenazas a la seguridad, el terrorismo y la solución de los factores
que dan origen al terror; y finalmente, expandir la libertad y la democracia por
todo el mundo.9

Estos parámetros fueron ratificados por el embajador
Roger Noriega, en una audiencia ante el Comité de Asuntos del Hemisferio
Occidental de la Cámara de Representantes de los EEUU en abril de 200510, donde
resaltó la preocupación por el mantenimiento de un ambiente de seguridad y el
sostenimiento de las democracias, como las prioridades del Departamento de
Estado hacia el continente.

La consolidación de una agenda vista con el
lente de la seguridad en el gobierno de Bush, del cual se esperaban avances en
otros temas, ha causado referencias cada vez más comunes entre los analistas,
sobre la militarización de la agenda en la región y el aumento del protagonismo
del Comando Sur de los Estados Unidos en la diplomacia hacia América Latina y el
Caribe, desplazando la acción del Departamento de Estado. Sin embargo, los
desarrollos políticos desde la posesión de Bush en el 2001 hasta el momento,
demuestran como el Departamento de Estado mantiene al mando de la agenda hacia
la región, utilizando como operador de dicha política al Comando Sur, en
consonancia con sus prioridades de política exterior.

Este esquema ha
sido utilizado desde el gobierno Clinton con la cooperación para el Plan
Colombia -un plan antinarcóticos del gobierno colombiano apoyado por el
Departamento de Estado-, que fue administrada y operada por el Departamento de
Defensa dada su naturaleza y sus características. El programa de asistencia para
la lucha contra el narcotráfico en Colombia, nunca significó la sustitución del
Departamento de Estado en la administración de la agenda internacional
antinarcóticos, solo la utilización del Departamento de Defensa como operador
parcial de la cooperación y por tanto de la agenda inmediata con Colombia.


Los retos de la política exterior del primer gobierno de Bush estuvieron
determinados por sus necesidades relacionadas con la guerra global contra el
terrorismo y la salvaguarda de la seguridad del territorio estadounidense,
estableciendo una simplificación de su agenda internacional. Dicha
simplificación no ha significado la desaparición de la región en la agenda
estadounidense, en la medida que muchos de los temas están relacionados con las
prioridades de Washington, sino una reclasificación determinada por la gravedad
de cada amenaza contra sus intereses dentro y fuera de los EEUU.

Fuente:
Fundación Seguridad y Democracia
(Colombia)

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