El Congreso de los Estados Unidos ha decidido que los contribuyentes americanos no pagarán 700.000 millones de dólares a sus bancos para que solucionen los errores que ellos mismos cometieron. Lo que moralmente podría ser correcto, podría ser muy arriesgado desde un punto de vista económico: ¿Qué pasará ahora con las empresas que gestionaron bien sus recursos pero que se verán inevitablemente arrastradas por el tsunami de las entidades financieras?

Editorial
La primera verdad a medias que habría que desterrar en los medios europeos es que han sido los republicanos los únicos responsables de la decisión del Congreso. Si es verdad que el 66% de los conservadores han votado en contra, no lo es menos que cuatro de cada diez demócratas han hecho lo mismo.

Otra media verdad es que el plan de Bush es la única iniciativa política que puede reactivar la economía americana. Sin ir más lejos, la bajada de los tipos y la inyección de liquidez de la Reserva Federal, que hoy empezará a poner 670.000 millones de dólares en los mercados con la ayuda de otros ocho bancos centrales, es según muchos expertos la razón por la que no se producirá nunca otro crack del 29. Por otro lado, la rapidez con la que Bernanke y la FDIC están garantizando los depósitos de los ahorradores merece el calificativo de formidable.

El plan de Bush era la forma más contundente de acabar con los problemas de liquidez de muchos bancos, pero también posiblemente la más cara y la que menos podía discriminar entre las entidades bien gestionadas y las que habían provocado la crisis. Merecía seguramente el apoyo de la mayoría no tanto porque fuera una idea perfecta, sino porque las circunstancias la habían hecho necesaria.

700.000 millones de dólares es mucho dinero incluso en una situación de emergencia nacional y el plan podría haberse explicado mejor. Los conservadores liberales habrían podido decirles a sus votantes que el dinero no era para nacionalizar las pérdidas de los multimillonarios de Wall Street sino para evitar que el colapso de la economía los arrastrase a todos.

Los demócratas que han votado en contra tal vez hubieran encontrado convincente la idea de que el dinero de los hogares americanos no se iba a destinar al reflote de gigantes empresariales o tiburones financieros, sino a que esas mismas familias no tuvieran que enfrentarse al paro o a un drástico recorte de su ya mermado nivel de vida.

Existe, detrás del rechazo del plan de Bush, una noticia más o menos escondida pero que tiene una singular relevancia. Ni John McCain ha conseguido convencer a los congresistas de su partido, ni Barack Obama ha logrado una mayoría que superase el 60% de los votos. Ninguno de los dos líderes parece tener, al menos en estos momentos, la fuerza suficiente como para llevar adelante sus medidas económicas. Los americanos han presenciado de qué manera el futuro presidente de los Estados Unidos tendrá las manos completamente atadas a la hora de impulsar las políticas por las que le habrán votado. Será muy difícil que Obama y McCain vuelvan a resultar convincentes a la hora de prometer cambios profundos en Washington.

Hemos de recordar, por último, que muchos analistas europeos se equivocan cuando culpabilizan a los congresistas estadounidenses por defender los intereses de su país. Ayer, tomaron por mayoría una decisión difícil de entender dentro y fuera de Estados Unidos pero no se les debe pedir que quiebren su mandato constitucional para favorecer la estabilidad de los mercados extranjeros. Su primera responsabilidad es y será con los votantes que los eligieron.