Los partidarios de la apertura de una comisión independiente que indague hasta sus últimas consecuencias la legalidad de dichas técnicas están liderados por la portavoz de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Pelosi plantea sancionar a los responsables

El debate sobre cómo investigar las presuntas responsabilidades políticas de aquellos que justificaron, autorizaron y ordenaron el uso de la tortura en los interrogatorios de la Seguridad nacional y el Ejército a sospechosos de terrorismo durante la era Bush está causando una profunda división en el seno del Partido Demócrata, informa The New York Times.

Los líderes en el Congreso del partido del presidente Barack Obama han expresado abiertamente visiones diferentes y antagónicas sobre la conveniencia de crear una comisión de la verdad que investigue a fondo si hubo violación de leyes por parte de aquellas autoridades que dieron luz verde al empleo de técnicas agresivas como el waterboaring o asfixia simulada, y otros métodos de extrema crueldad y dureza.

Los partidarios de la apertura de una comisión independiente que indague hasta sus últimas consecuencias la legalidad de dichas técnicas están liderados por la portavoz de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

En el otro bando emerge como figura destacada el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, que ha expresado su rechazo a la creación de dicho panel. Reid, que denunció en repetidas ocasiones el uso de tácticas extremas cuando Bush era presidente, es partidario de dejar que la comisión creada al efecto en el Senado complete sus trabajos, algo que no ocurrirá hasta dentro de un año.

“Creo que lo que debemos de hacer es esperar hasta que el comité de inteligencia finalice su trabajo”, ha dicho el líder demócrata en declaraciones a Las Vegas Sun.

La opinión de la Casa Blanca

Desde la Casa Blanca, Obama ha insistido en que es necesario “mirar hacia adelante y no hacia atrás” y es contrario a la apertura de una causa general contra la anterior Administración que acabe capitalizando la legislatura y dejando en segundo plano la agenda reformista que quiere impulsar para salir de la crisis. Además, existe el riesgo de que su Gabinete sea acusado de revanchismo por sus rivales políticos.

Pero fue Obama quien el pasado martes intensificó la tormenta política al dejar la puerta abierta a la creación de una comisión bipartidista que aborde el asunto, pero dejó en manos de su fiscal general (ministro de Justicia), Eric Holder, la decisión final sobre cualquier actuación judicial contra antiguos miembros del Gobierno republicano. No obstante, el ojo del huracán se formó días antes con la publicación de los cuatro