El Gobierno argentino administrará a partir de ahora los fondos de pensiones que ha requisado. El valor de la suma de estos fondos ahorros es de unos 30.000 millones de dólares (23.417 millones de euros). El Gobierno controlará también los aportes mensuales que millones de trabajadores realizan a los fondos de pensiones privados desde que se crearon en 1994.
La medida no tiene trámite parlamentario
El Gobierno argentino, que a partir de ahora gestionará los fondos de pensiones requisados ordenó realizar diez registros en otras tantas Administraciones de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), investigadas por presuntas operaciones fraudulentas contra los intereses del Estado y de sus clientes, según informaciones de los medios de Argentina.
En esta operación de registro se estudiaron las cuentas de Arauca Bit, Profesión Auge, Futura, Previsol, Maxima, Met, Nación, Orígenes, Unidos y Consolidar, esta última propiedad del BBVA.
El magistrado Claudio Bonadio había determinado, tras una petición al respecto de la Fiscalía, inhabilitar durante una semana a las AFJP para modificar la composición de su cartera, mientras las autoridades intentan investigar si estas compañías comenzaron a liquidar sus activos cuando trascendieron los cambios en las jubilaciones anunciados por la propia presidenta, Cristina Fernández.
Permanecerán inhabilitadas
Así, las AFJP no podrán operar con bonos y acciones durante los próximos días, después de que el fiscal alertase de posibles movimientos a raíz del anuncio de la nacionalización. De confirmarse el presunto delito, las empresas se enfrentan a penas que van desde los dos a los seis años de prisión.
Gracias a la medida adoptada el lunes, que aún deberá pasar por su trámite parlamentario, el Gobierno pasará a administrar ahorros por valor de unos 30.000 millones de dólares (23.417 millones de euros) y además controlará los aportes mensuales que millones de trabajadores realizan a los fondos de pensiones privados desde que se crearon en 1994.
Cuestionamientos en todos los frentes
El presidente de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP), Sebastián Palla, advirtió que las administradoras tomarán las medidas que sean necesarias para proteger a sus afiliados, y eso “incluirá todo lo que tenga que incluir” (acciones legales a escalas nacional e internacional).
El presidente de la UAFJP dijo también que el Gobierno nunca buscó un acercamiento con las administradoras para tratar el tema. Mientras, los diputados de la argentina UCR (Unión Cívica Radical) se oponen al proyecto de Fernández, presentado el martes pasado.
El presidente del bloque, Oscar Aguad, considera que el proyecto es un disparate. Según el diario “Clarín“, Aguad está de acuerdo con un sistema de pensiones estatal, pero el proyecto, “tal como está redactado” significa “apoderarse del recurso de los jubilados a efectos de financiar la fragilidad fiscal que tiene este Gobierno”, y su alternativa, es formar un bloque opositor con el que se rechace la medida.
Por su parte, los analistas opinan que la medida responde a una necesidad del Gobierno de captar fondos para enfrentar los vencimientos de deuda en 2009, pues la crisis económica mundial impide que el crédito internacional sea amplio.
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