El pasado día 7 de febrero comenzó en España el mayor proceso de regularización
de extranjeros hasta ahora realizado, que durará tres meses. Con este proceso se
pretende que unos 800.000 inmigrantes que ahora trabajan en España, pero no
cotizan a la Seguridad Social, pasen a forman parte del sistema legal. Este nuevo proceso levanta mucho recelo en Europa ya que creen que las regularizaciones contribuyen al efecto de llamada de más inmigración ilegal.

La regularización ha comenzado con problemas y muchas quejas
Se trata de la séptima acción de estas características que se abre en nuestro
país desde el año 1991 y, según el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero,
esta regularización hará que “emerja la economía sumergida y la mano de obra
ilegal”, aunque reconoce que puede darse un fraude de entre el uno y el dos por
ciento.

A pesar de las bondades del proceso que el Gobierno ha venido a
resaltar, y que puede acabar con lacras como la explotación laboral que sufren
muchos inmigrantes, lo cierto es que varios expertos, ONG, juristas y
policía, han avisado que la nueva regularización puede acrecentar el
denominado “efecto llamada” ya que muchos extranjeros, llevados por la
desinformación que está rodeando al proceso, pueden verse en la tentación de
creer que los papeles serán para todos los que lleguen.

Esta preocupación es
compartida por la Comisión Europea, que se reunirá el próximo 24 de febrero para
analizar el proceso de regularización de inmigrantes que está desarrollando
España. La Comisión Europea cree que las regularizaciones de inmigrantes sin
papeles, como la que desarrolla el gobierno español, puede contribuir al efecto
llamada” de más extranjeros ilegales, según afirmó públicamente el portavoz del
vicepresidente de la Comisión Franco Frattini.

Requisitos y papeles que no valen

Lo que
diferencia este proceso de otros anteriores es que esta vez la petición de
regularización la debe hacer el empleador, no el propio inmigrante y los
requisitos para conseguir los ansiados papeles son tener un contrato de trabajo
como mínimo de seis meses, poseer un certificado de empadronamiento que acredite
que se vive en España, por lo menos desde el 8 de agosto y no tener antecedentes
penales en el país de origen.

Sobre este último requisito, la policía ya
ha alertado que será imposible investigar si un inmigrante tiene antecedentes en
un tercer país, por lo que esta circunstancia puede ser usada por los
delincuentes.

También se ha detectado, en la primera semana de entrada
en vigor de este nuevo reglamento de extranjería, una falta de coordinación
grave entre las diferentes administraciones. Así, fueron muchos quienes
en los primeros días se presentaron en las oficinas de la Seguridad Social
con un volante de empadronamiento que les habían expedido en los ayuntamientos,
cuando el papel necesario era un certificado.

Otro documento que faltaba
en la mayoría de los casos era del Código de Cuenta de Cotización o TA-6, que
necesitan empresas y particulares para contratar a un extranjero a jornada
completa. En este caso, ni los abogados expertos en este tipo de trámites sabían
que era necesario.

Los principales
inconvenientes

Respecto a los inconvenientes que plantea este
nuevo proceso regulador, la Confederación Española de la Policía Nacional ya ha
hecho ver que se “sienten engañados por Caldera” (el ministro de Trabajo) y no
creen que puedan garantizar a medio plazo la seguridad ciudadana con el
consiguiente aumento de la marginalidad y la delincuencia que harán surgir
brotes xenófobos y movimientos de extrema derecha.

El nuevo reglamento
de extranjería también puede encerrar otra trampa peligrosa y es la actuación de
las mafias, precisamente, cuando se pretendía acabar con su actividad. Se da la
circunstancia que serán muchos los extranjeros que intentarán conseguir
contratos e identidades falsas para poder hacer su situación regular. Aquí entra
el trabajo de las mafias que en algunos casos llegan a cobrar hasta 1.500 euros
por “alquilar” un pasaporte.

¿Serán “sólo”
800.000?

El secretario general del PP, Ángel Acebes, considera
que “habrá más ilegales que antes, ya que todos los días entran miles de
extranjeros”, precisamente al arrobo del tan traído y llevado efecto
llamada.

Para los que consideran que la regularización vendrá a
llenar un vacío en las arcas de la Seguridad Social, ya que cotizarán aquellos
que ahora trabajan “en negro”, una reciente encuesta del Colegios de Economistas
de Cataluña revela que más de la mitad de los economistas preguntados considera
que los costes económicos de la inmigración en asuntos sociales no son
compensados por sus aportaciones en los impuestos. Así, sólo el 40% de los
empresarios y autónomos, protagonistas indiscutibles en este proceso, considera
que la inmigración puede ser rentable para España.

Otro aspecto
importante a tener en cuenta es si ante un receso de la economía, después del
ciclo expansivo que propició el Gobierno anterior, el mercado laboral podrá
absorber el gran número de trabajadores inmigrantes sin cualificar. No se sabe
si el Ejecutivo de Zapatero se ha parado a pensar en esta cuestión, pero si se
produce es posible que contemos con una enorme bolsa de extranjeros
regularizados, pero desempleados que tendrán que vivir de las arcas del Estado.


Las dudas del poder
judicial

Precisamente el poder judicial ya ha avisado de que la
puesta en marcha de este proceso de regularización puede llegar a saturar los
juzgados de lo Contencioso-Administrativo, tal y como advirtieron a principios
de esta semana los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
encargados del Plan de Urgencia, Enrique López y Javier Martínez Lázaro.


Los dos vocales han hecho ver a la opinión pública que habrá un
incremento considerable de los procedimientos sobre extranjería y recuerdan que
cuando los juzgados de lo contencioso-administrativo se hicieron cargo de esta
materia “ya asumieron un volumen de trabajo impresionante” y sugieren que se
dote al personal de oficina judicial de material necesarios.


También el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis, ha
pedido al Ejecutivo, mediante una misiva enviada el pasado lunes directamente a
Zapatero, que “considere un asunto de seguridad nacional la instalación de
sistemas de detección de barcos que se acerquen a las costas” para lo que
solicita plazos y presupuesto.

El enfado de los
socios de la UE

Fuera de nuestras fronteras, el nuevo reglamento
de extranjería también ha dado que hablar. Precisamente ahora que los países de
nuestro entorno en la UE habían decidido endurecer sus leyes de extranjería,
estos ven a España como la puerte de entrada fácil para miles de
ciudadanos procedentes, sobre todo, de África y América Latina.

Alemania
y Holanda han protestado ante la decisión española y la Comisión Europea ha
propuesto que sea en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior donde se
debata una mayor cooperación y transparencia en las iniciativas que adopte cada
Estado miembro.

Y es que en Francia, se defiende ahora la aplicación de
cuotas selectivas. En Italia hace dos años que el Gobierno de Berlusconi
promulgó una ley que sólo permite la entrada al país de extranjeros que
tengan  un contrato de trabajo y facilita la expulsión. Alemania ha
ordenado que se restrinjan los visados a los ciudadanos procedentes de Europa
del Este.

Precisamente, el mismo día que se puso en marcha el nuevo
proceso de regularización España, el gobierno laborista de Tony Blair, en
el Reino Unido, presentó en la Cámara su proyecto sobre inmigración del que el
primer ministro dijo “no queremos ser arbitrarios, pero sólo vamos a aceptar a
las personas que necesitamos para nuestra economía”.

El plan del
Ejecutivo británico pasa por autorizar sólo los permisos permanentes de
residencia a los trabajadores cualificados que aprueben un examen de
“britanidad”. Además, el tiempo de espera para solicitar la residencia se amplía
a cinco años, se primará por puntuación a las personas que tengan títulos
académicos dando prioridad a los ingenieros, médicos y enfermeras y se multará a
los empresarios que usen trabajadores ilegales, entre otras medidas.