El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, ha exigido al Gobierno que aclare “en horas” si ETA continúa la extorsión a empresarios o recurre a métodos alternativos, “que ahora recibirían el nombre eufemístico de aportaciones voluntarias”.

Empresarios navarros denuncian que ETA les pide por carta contribuir con dinero en el proceso de paz
En un comunicado del PP, tras conocerse que empresarios navarros recibieron cartas de extorsión de ETA, fechadas en marzo, Astarloa señaló que el Gobierno debe tener el liderazgo, actuar “con toda transparencia y claridad” y no transmitir confusión a la ciudadanía.

“El Gobierno -precisó- tiene que aclarar en horas cuál está siendo el sistema de financiación de ETA para pagar la nómina a fin de mes y si se están produciendo y manteniendo fenómenos de extorsión o innovando con fenómenos del eufemismo de las aportaciones voluntarias”.

En su opinión, “lo que tiene que hacer es dirigir ese proceso para acabar con los señores de las capuchas y de las pistolas y que no obtengan absolutamente ningún beneficio por haber matado o por dejar de hacerlo.

A su juicio, se encienden “demasiadas luces rojas” en relación con el alto el fuego, como que ETA “se exprese cada vez con más claridad, poniendo de relieve que sin independencia el País Vasco no conocerá la paz”, o el “festival de provocación y de chulería” de Batasuna, que reprocha al Gobierno y al PSOE que los gestos que hace no son suficientes.

Reclamó al Ejecutivo que cumpla lo comprometido y verifique la “decisión irreversible e irrevocable de ETA de dejar su actividad, disolverse y abandonar las armas”, y añadió que todo camino de especulación es improcedente.

Astarloa insistió en que el Gobierno tiene que decir “con toda claridad a los ciudadanos y no andar en la ambigüedad que no va a haber paz por presos, como quiere ETA, que no va a haber paz por naciones, como quiere ETA” y “que no se va a diluir ni un milímetro nuestro Estado de Derecho, la Ley y la capacidad del Estado de Derecho”.

“Que no se olvide el Gobierno -concluyó- que el objetivo de este proceso es el final del terror, no la consecución de un cambio de marco político en el País Vasco, como precio para que dejen el terror”.