El grupo parlamentario del Partido Popular ha presentado una moción sobre Bolivia –consecuencia de una interpelación urgente debatida el pasado miércoles–, en el que pide una acción diplomática “sostenida” para reforzar el principio de seguridad jurídica y con el fin de “garantizar la viabilidad de las inversiones españolas y las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social de los países destinatarios de esas inversiones

Ante la pasividad del Gobierno español con las últimas decisiones de Bolivia
La iniciativa es en relación con la política que va a seguir el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para defender los intereses de las empresas españolas en Bolivia y se votará el próximo martes en el pleno del Congreso de los Diputados.

La moción cuenta con cuatro puntos en el que se reclama al Ejecutivo que ofrezca el “máximo respaldo” a las compañías españolas con presencia en Bolivia y que se encuentran en un proceso negociador con las autoridades de La Paz “para definir un horizonte de estabilidad y seguridad jurídica que garantice la viabilidad de sus inversiones”.

Asimismo, se insta a garantizar el apoyo a las empresas españolas en las acciones que eventualmente decidan “emprender” ante las instancias internacionales pertinentes para hacer efectivos los derechos “que les asisten en virtud de la legalidad que ampara a los contratos suscritos con las empresas españolas”.

En tercer lugar, el PP pide presentar en un plazo de tres meses un Plan Integral de Evaluación y Seguimiento de las inversiones españolas en Iberoamérica que contemple una acción coordinada entre los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Economía e Industria, Turismo y Comercio, y las empresas españolas con presencia en la región.

Dicho plan deberá contemplar, a su juicio, el compromiso “firme” de impulsar una acción diplomática española “sostenida y destinada” a reforzar la importancia del principio de seguridad jurídica para garantizar la viabilidad de las inversiones españolas y las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social de los países destinatarios de esas inversiones.

En último término, el principal partido de la oposición exige “incrementar” el esfuerzo de cooperación en materia de fortalecimiento democrático e institucional sobre la base de la defensa de la libertad y de los Derechos Humanos.

En el debate del pasado miércoles por la noche en la Cámara Baja, el Partido Popular expresó su temor de que la petrolera hispano-argentina Repsol YPF tenga que salir “corriendo” de Bolivia y de que sus inversiones de los últimos años en el país andino queden finalmente en manos de la petrolera estatal PVDSA del Gobierno venezolano de Hugo Chávez.

Jorge Moragas (PP) presentó una interpelación urgente sobre la situación en Bolivia tras el decreto de nacionalización de hidrocarburos por parte del Ejecutivo de Evo Morales y que pone en peligro, en su opinión, los intereses de los más de dos millones de pequeños inversores españoles que hay en Repsol YPF.

El diputado ´popular´ advirtió de que la política de Morales es una “auténtica bomba de relojería” a la que el Gobierno español responde con una “errática actuación”.

En este sentido, subrayó que el presidente boliviano engañó, “no una vez, sino varias” al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a la empresa hispano-argentina y al conjunto de los españoles, al tiempo que exigió la reclamación de indemnizaciones a esta compañías y otras españolas por los perjuicios obtenidos por la actuación de La Paz en estos últimos meses.

“El temor que muchos compartimos es que Repsol se vea forzada a salir corriendo de Bolivia y que todas sus inversiones queden, de un modo u otro, en manos de PVEDSA. No es ninguna elucubración conspirativa porque el 26 de mayo, Hugo Chávez y Evo Morales suscribieron en el Chaparé boliviano un nuevo acuerdo energético por el que se creaba Petroandina, cuyo objeto social era la explotación conjunta de los hidrocarburos en Bolivia”, hizo hincapié.