Economía y Sociedad

En América Latina crecen las amenazas a la libertad de opinión y de expresión

“…Las medidas contra los medios opositores en la región tienen una secuencia sincronizada que no es casual, sino parte de una estrategia bien diseñada y ejecutada…”

Emilio Cárdenas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -evidentemente alarmada y no sin buenas razones- convocó la semana pasada a una reunión “de emergencia” que tuvo lugar en Caracas, Venezuela. En el curso de la misma, el director general de la asediada televisora venezolana “Globovisión”, Alberto Federico Ravell, dijo con toda claridad: “la ley mordaza camina por la América Latina. Llegó a Ecuador, Bolivia y Argentina y quién sabe a qué otro país pudiera estar llegando”.

Ello es, hay que decirlo, efectivamente así. Porque hoy en cualquiera de esos países uno puede, quizás, “decir lo que quiera”, pero a riesgo cierto de perder la libertad, recibir toda suertede castigos y presiones, y tener que sufrir, en carne propia, acciones intimidatorias por parte de los distintos gobiernos de izquierda o de sus sicarios o agentes.

El impulso repentino hacia tratar de legislar “mordazas” a la prensa para así poder cercenar abiertamente las libertades de opinión y expresión ha aparecido simultáneamente en esos países. También en la Argentina, ciertamente. Y esto -para quienes no advierten la profunda identidad ideológica que (más allá de los rodeos o de los disimulos) existe entre los Kirchner y Hugo Chávez– puede resultar toda una sorpresa.

Lo cierto es que estamos frente a una estrategia multilateral, cuidadosamente diseñada y coordinada. Que hasta tiene evangelios y liturgias parecidos, así como planteos, argumentos y estrategias similares, sino comunes. La idea de “lavar” sistemáticamente los cerebros de todos (particularmente de los menos educados y de los más jóvenes) llega envuelta en un torbellino de actividad que de pronto se despliega en medio de conocidos “argumentos” retóricos de tonos cubanos y venezolanos. Es “bolivariana”, entonces. O, más bien, marxista, como decíamos ayer. Tiene pautas y denominadores similares. Por eso la comprensible alarma de la SIP.

Las medidas contra los medios opositores en la región tienen una secuencia sincronizada que ciertamente no luce casual, sino más bien como parte de una estrategia bien diseñada y ejecutada. Quien iba a esperar que, en la Argentina, cuando -de repente- se autorizó al Estado a crear una “empresa pública de transmisión de televisión por satélite”, ello iba a estar seguido, inmediatamente, de una intensa presión sobre la Asociación del Fútbol Argentino para que ésta rescindiera (como efectivamente lo hizo) el contrato privado para la transmisión del fútbol profesional, de manera de permitir que sea el Estado quien ahora transmita esos partidos, ofreciendo a sus potenciales “clientes” -casi gratis (pero financiado con dineros del Tesoro Nacional) pagando solamente el de-codificador- un “paquete” de contenidos estructurado en torno a “fútbol y Telesur”.

O sea, del “circo” más popular, acompañado de una siembra constante de la ideología que realmente alimenta a los Kirchner: la de la izquierda radical. No hay que olvidar que -hace ya cinco años- fueron ellos, precisamente, quienes fundaron, sin que nadie chistara siquiera (con Fidel Castro, Hugo Chávez y Tabaré Vázquez), a la empresa “Telesur”, la hiper-presente incubadora venezolana de “contenidos” televisivos cargados con ideología marxista que se difunden constantemente a través de los canales del Estado a lo largo y ancho de nuestra región.

“Telesur”
es el arma instrumental a través de la cual se impulsa -sin descanso- la “lucha de clases” en la región, sembrando resentimientos, dividiendo a las naciones y lastimando profundamente a los plexos sociales. Las cosas que ocurren en algún lado, tienen rápidamente “imitadores”. ENTEL boliviana acaba de anunciar que, ella también, ofrecerá televisión satelital por suscripción, desde el 15 de octubre venidero. La antena costará diez dólares y el decodificador 50 dólares. En color o blanco y negro. El abono mensual será “social”, de modo de “democratizar” el acceso a la información y a la comunicación. “Pan y circo”, una vez más.

Parte del proyecto y del servicio será financiado -una vez más- con fondos del Estado boliviano, con dineros de todos entonces. El servicio satelital boliviano podrá captar asimismo veinte radios nacionales a través del decodificador. En momentos en los que Irán financia la nueva red nacional de radios bolivianas, esto agrega una inquietud adicional que no es menor.

Mientras esto sucede en la Argentina, el oficialismo (burlando la mayoría que los derrotara en junio pasado, desde que la nueva composición del Congreso solo se incorporará el 10 de diciembre venidero y aprovechando una mayoría que ya no refleja el mandato popular) se apresta a sancionar una “Ley de Radiodifusión” inédita. Sin parangón en el mundo. Una que aprisiona a los privados en un rincón del “espectro redioléctrico”. En apenas un tercio de él, desde que el resto se “reserva” para el Estado y a las organizaciones no-gubernamentales que le sean afines. De horror.

No es imposible que el 10 de diciembre próximo esta norma sea derogada por la oposición. Pero el daño está hecho. Y éste es el objetivo. No otro. Debilitar al sector privado todo lo posible, de manera que el “peso relativo” del Estado y de su voz ahogue (por diferencia de sonoridad) al del sector privado, al que se está ahora encapsulando en un rincón cada vez más pequeño.

Emilio Cárdenas, Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

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