Los ministros del Interior de la UE firmaron ayer un Pacto que intentará facilitar la expulsión de los inmigrantes ilegales y su retorno voluntario. Han buscado también la forma de que el Gobierno español se comprometa a no hacer más regularizaciones indiscriminadas sin contar con la opinión de los países miembros.

Editorial
España ha impedido durante las negociaciones que se incluyan iniciativas como el contrato de integración, por el que los extranjeros deben firmar un documento donde se les informa de sus derechos y obligaciones y de las diferencias culturales que deberán respetar ahora que se encuentran en otro país.

Los españoles se mostraron de acuerdo con este contrato en las numerosas encuestas que se realizaron durante la campaña electoral del pasado mes de abril. Pocos creyeron entonces que obligar a quienes no conocen las leyes y costumbres más básicas de nuestro país a cumplirlas fuera una prueba de racismo.

España tampoco ha querido aceptar que se prohíban taxativamente las regularizaciones masivas. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó a 700.000 inmigrantes sin papeles hace sólo tres años. Los socios europeos protestaron, porque sabían que muchos de esos sin papeles acabarían en sus países sin que nadie los hubiera consultado.

En el lenguaje, un tanto obscuro, de la Unión Europea, se les pide a quienes quieran llevar a cabo una regularización indiscriminada que no lo hagan, que sólo lleven a cabo legalizaciones “caso por caso” y que no dejen de contar con las opiniones de los países vecinos. A buen entendedor.

El Gobierno socialista ha logrado que no se pongan de relevancia las dos cuestiones que más le preocupaban, pero los españoles han podido comprobar que la regularización masiva de 2005 y la falta de un contrato de integración en España no son una prueba de progreso ni de convergencia con Europa sino una buena operación de maquillaje sobre el rostro que los ciudadanos tan bien conocen: el del drama de miles de personas que creyeron que entrar en Europa era fácil y de otros muchos que pensaron que todos los que vinieran a trabajar aceptarían con naturalidad los valores y las costumbres del país de destino.