La medida, inédita en la democracia española, se toma después del ingreso a prisión de parte del Gobierno municipal en una causa por corrupción. La decisión requiere el visto bueno del Senado, que sesionará este mediodía.

A pesar de de corrupción, el Gobierno no convoca elecciones anticipadas
El Consejo de Ministros acordó este martes el inicio de los trámites preceptivos para disolver el Ayuntamiento de Marbella tras la presunta trama de corrupción descubierta y consideró que no es posible la convocatoria de elecciones locales anticipadas por los plazos que fija la Ley Electoral. Es la primera medida de este tipo que toma un gobierno durante la democracia.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo que inició los trámites de la disolución, que la voluntad del Gobierno es actuar “con toda rotundidad”, una vez confirmados los indicios delictivos.
La decisión del Ejecutivo se tomó tras la petición del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía -que se reunió esta mañana-, y se fundamentó en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la Ley Electoral General, cuyos artículos 61 y 183, respectivamente, fijan los aspectos formales necesarios para iniciar el procedimiento de disolución de una Corporación.

El Gobierno solicitó formalmente un informe a la Comisión Nacional de Administración Local y al Senado sobre la disolución del Consistorio para que el viernes próximo el Consejo de Ministros pueda aprobar un real decreto de disolución.

A preguntas de los periodistas, Fernández de la Vega comentó que no es posible, dados los plazos previstos por las leyes mencionadas, convocar elecciones anticipadas en Marbella.

La ley fija que no puede haber elecciones con menos de un año de antelación de los próximos comicios municipales, que están previstos para el 27 de mayo de 2007.