La Audiencia Nacional española ha enviado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala la petición de captura de siete ex altos cargos de este país. Les considera implicados en delitos de genocidio durante el pasado conflicto armado que, durante más de cuarenta años (1954-1996), azotó a la nación latinoamericana.

Por delito de genocidio durante el pasado conflicto armado entre 1954-1996
La embajada de España en Guatemala cursó el expediente a esta Cancillería y nosotros lo enviamos a la Corte Suprema de Justicia, que es a la que le corresponde resolver”, ha asegurado una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El diario local “Prensa Libre” ha informado de que el expediente fue recibido por la Corte Suprema el pasado viernes 27 de octubre.

La orden de captura está librada en contra de los generales golpistas en situación de retiro José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía Víctores (1983-1986).

También los generales retirados Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, el ex ministro del Interior, Donaldo Álvarez, el ex director de la Policía Nacional, Germán Chupina, y el ex director de un comando de la Policía, Pedro García Arredondo.

Estos siete ex altos cargos guatemaltecos, junto al ex presidente Fernando Lucas (1978-1982), fallecido en Venezuela, fueron acusados en 1999 por la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, de los delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, quien acudió a la Audiencia Nacional de España después de denunciar la denegación de justicia en su país.

El futuro de los acusados está en manos de la CSJ, que debe analizar el expediente y luego enviarlo al Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, que conoce el caso en Guatemala.

El abogado defensor de Ríos Montt -predecesor en la Presidencia de Alfonso Portillo-, Francisco Palomo, comentó al diario “Prensa Libre” que ya tenía conocimiento de la llegada de la petición de captura en contra de su cliente a la Corte, y recordó que se interpuso un recurso de amparo a favor de Montt, por lo que aún no se podrá ejecutar la detención.

A mediados de 2006, una Comisión Rogatoria encabezada por el juez español Santiago Pedraz, visitó Guatemala con el fin de investigar a los acusados en el Juzgado Undécimo, pero la diligencia judicial fue cancelada por recursos legales interpuestos por los demandados. El tribunal, a cargo de Saúl Alvarez, deberá decidir si procede la orden de captura cuando reciba el expediente de la Corte.