La mitad de los integrantes de la “comisión negociadora” que la ilegalizada Batasuna presentó este miércoles con vistas a participar en el proceso de paz ha tenido o tiene alguna causa con la Justicia. En esa situación se encuentran Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarría y Olatz Dañobeitia. Por su parte, ll principal partido de la oposición reclama al Fiscal General del Estado que actúe contra las “bravuconadas” de Otegi y exige al Gobierno de Zapatero que se pronunice con nitidez.

Encabezada por Otegi, con 4 causas por enaltecimiento del terrorismo
Batasuna ha designado a seis personas para integrar su “comisión negociadora” en la futura mesa de partidos del proceso para el final de la violencia, entre ellos su portavoz, Arnaldo Otegi, quien insistió en que ese proceso se encuentra en un momento “de extrema gravedad”.

Los representantes de Batasuna son el propio Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberría, por Guipúzcoa; Elena Urabayen y Arantxa Santesteban, por Navarra; Olatz Dañobeitia, por Vizcaya, y Xabi Larralde, por Lapurdi, en el País Vasco francés, según se dio a conocer en un acto celebrado en Pamplona. En dicho acto, Arnaldo Otegi insistió en subrayar que “nos encontramos en un momento de extrema gravedad, porque mantener esta estrategia que dificulta el diálogo político, sin una mesa de resolución, sencillamente no hay proceso”.

“Ya no existen excusas”, dijo, y criticó que el Gobierno central vaya a hablar “con una organización como ETA” pero PSOE o ETA no puedan sentarse con Batasuna porque es un partido ilegalizado. “Es ridículo”, apuntó.

El PP pide a la Fiscalía que actúe ante la «bravuconada» y «chulería» de HB

Astarloa hizo un llamamiento en el Congreso al fiscal general del Estado y al Gobierno para que investiguen “el desarrollo del acto en Pamplona” celebrado por la izquierda “abertzale”, para saber si las personas que lo han convocado son las mismas que ya están procesadas en la Audiencia Nacional por otras causas.

Recordó que Batasuna está “fuera de la ley” y, sin embargo, su portavoz está inmerso “en una escalada de exigencia” frente al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con motivo del alto el fuego anunciado por ETA en el mes de marzo.

Asimismo, el dirigente del PP instó al Gobierno a dejar claro que las exigencias que plantea ETA-Batasuna “no tienen la más mínima esperanza de realizarse y que el Estado de Derecho que es España no van a pagar ningún precio político por dejar de matar”.