El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha cursado una orden de detención internacional contra Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de la Gobernación en Guatemala durante el mandato de Lucas García.

Por la muerte de 36 personas
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha cursado una orden de detención internacional contra Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de la Gobernación en Guatemala durante el mandato de Lucas García (1978-1982) por su presunta implicación en el genocidio del pueblo maya, denunciado en España por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

La persecución de los hechos denunciados por Menchú en dos querellas contra los dictadores y gobernantes de Guatemala fue limitada por el Tribunal Supremo a los casos en los que se produjeron víctimas de nacionalidad española. En concreto, el asalto a la Embajada española en la capital guatemalteca, el 31 de enero de 1980, en el que murieron 36 personas -entre ellos, tres españoles-, y el asesinato de cuatro sacerdotes en 1980 y 1981.

La orden de detención internacional cursada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional se dirige a las autoridades mexicanas, ya que, según informaron fuentes jurídicas, se tiene conocimiento de que Álvarez Ruiz reside en ese país. La petición se ha tramitado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español y de la Procuraduría General de la Embajada de México en España.

El juez Grande-Marlaska afirma en el auto de prisión dictado contra Álvarez que entre enero de 1980 y septiembre de 1981 Fernando Romeo Lucas García era presidente de Guatemala, y creó una estructura gubernamental desde la que «se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines».

La resolución añade que «no sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino también al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad y el que las atrocidades no cayeran en el olvido». Así, en la mañana del 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos del departamento guatemalteco de Quiché se introdujo en la Embajada de España en Guatemala, sin que conste que la concentración «no fuera campesina».

Las Fuerzas de Seguridad irrumpieron en la legación española para «abatir a los campesinos, asumiendo el asesinato de cualesquiera terceros, entiéndase funcionarios españoles destacados en la Embajada y visitantes». En total murieron 36 personas, entre ellas, el secretario de la Embajada, Jaime Ruiz del Arbol, Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez -los tres de nacionalidad española-. El embajador Máximo Cajal, cuyo testimonio ha sido ahora fundamental para actuar contra el ex ministro guatemalteco, sufrió lesiones de consideración.