Las ayudas públicas otorgadas para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) en España son ilegales. No han respetado la neutralidad tecnológica y han beneficiado a las redes terrestres frente a las infraestructuras por satélite. La Comisión Europa ha publicado la resolución que obliga a devolver al contribuyente las subvenciones concedidas para la extensión de la cobertura a zonas remotas, que superan los 235 millones de euros.
La Comisión Europea ya ha decidido que el plazo que tiene el Gobierno español para recuperar los 236 millones de euros con los que subvencionó de manera ilegal en 2005 a operadores de plataformas de televisión digital terrestre para facilitar el despliegue de la TDT en regiones remotas, coincidiendo con el ´apagón analógico´, es de cuatro meses, según informa Europa Press.
Desde Bruselas han enviado un documento en el que detallan, por comunidades, el gasto público que ha supuesto la extensión de la TDT. Cataluña es la primera de la lista, que recibió 52 millones de euros. El segundo puesto lo ocupa Castilla y León, con casi 38 millones y el tercero es para Aragón, con cerca de 20 millones de euros. En el lado opuesto se encuentran Murcia, Baleares y Madrid, que fueron las regiones que menos subvenciones recibieron.
A partir de haber recibido esta notificación desde Bruselas, España cuenta con un plazo de 4 meses para conseguir recuperar ese dinero que se adjudicó en su momento de forma improcedente. Antes tendrá que elaborar una lista y remitirla al Ejecutivo europeo con los nombres de las empresas beneficiadas y el importe que han de reembolsar (el principal y los intereses), según expone la resolución firmada por el vicepresidente y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia.
Sin embargo, los argumentos que ha presentado España no terminan de convencer. “El informe preliminar no demuestra suficientemente la superioridad de la plataforma terrestre frente a la de satélite”, expone Bruselas. Además, se queja de que los datos sobre los cálculos de los costes facilitados por las comunidades autónomas no presentan “el grado de detalles y solidez suficiente” para justificar la elección de la tecnología terrestre. “Y lo que es más, ninguno fue realizado por un experto independiente”, precisa.
Aunque el plazo con el que cuenta España para recuperar esa subvención es de cuatro meses, tiene que en dos meses a partir de recibir esta notificación, presentar la lista de beneficiarios que hayan recibido ayuda en virtud del régimen y el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos, una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios que reembolsen la ayuda.
En conclusión, España debe recuperar los 236 millones de euros que gastó en subvenciones que se concedieron en 2005 para financiar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España. Abertis y Retevisión fueron los principales beneficiarios directos de las licitaciones, según el dictamen.
// OTROS TEMAS QUE TE PUEDEN INTERESAR
