El portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Popular del
Congreso, Gustavo de Arístegui, aseguró que las
declaraciones del juez Baltasar Garzón demuestran que la
polémica sobre el interrogatorio de presos en Guantánamo era “artificial”.

El juez Garzón confirma la legalidad de los interrogatorios policiales
De Arístegui afirmó en el Congreso que sólo 24 horas después del inicio de la polémica, “artificialmente engordada” por el PSOE, “ha estallado como un globo en la estratosfera”, quedando demostrado que no hubo actuación ilegal alguna por parte del Gobierno de José María Aznar.

El portavoz popular dio lectura a un comunicado que envió el juez de la Audiencia Nacional a Punto Radio, en el que aseguraba que tenía conocimiento de los citados interrogatorios a través de los agentes que los realizaron y que en ningún caso pueden ser tildados de ilegales. Para Aristegui, “se ha hecho una tormenta en un vaso de agua” por la “mala fe” del Partido Socialista y sus socios parlamentarios, que han “manipulado” y “retorcido” los hechos para imputar hechos casi delictivos al Ejecutivo Aznar.

Por todo ello, el portavoz popular exigió a Diego López Garrido y al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que pidan “disculpas públicas” a los dirigentes del PP y a sus votantes por haberles “insultado”, y reconozcan haberse “equivocado gravemente” al acusar al PP con una “manifiesta voluntad de manipular y retorcer los hechos”.

Garzón desmiente la manipulación

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asegura que no le consta que los policías españoles que viajaron a la base estadounidense de Guantánamo durante el Gobierno de José María Aznar hicieran nada ilegal y, además, explica que realizaron esta visita “con la autorización del Ministerio (de Interior) para cumplir una actividad de inteligencia”.

Garzón agrega que no podía detener a los policías “porque fueron con la autorización del ministerio (de Interior) para cumplir una actividad de inteligencia similar a la que han hecho otros países” y por tanto, afirma, “no cometieron ninguna ilegalidad”.

Tras recordar que hablaron con los presos “por voluntad de éstos”, expone que sólo habrían “cometido un delito” si “les hubieran coaccionado o torturado para que hablaran o si se hubieran utilizado las declaraciones en su contra”.

“No consta que esto fuera así, sino más bien al contrario. Se informaron de su situación, porque no olvidemos que el juez había pedido la extradición de cuatro detenidos. Pero como están retenidos por un tribunal militar, Estados Unidos no ha dado permiso”, aduce el juez.