El presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva legal para atacar el crimen organizado y el narcotráfico que incluye un código penal único para todo México, programas de protección a testigos y juicios orales.

Amplia ofensiva legal para combatir el crimen organizado y el narcotráfico
La reforma planeada incluye la conformación de un Código Penal único, mediante una reforma a la Constitución, para todo México, programas de protección a testigos y juicios orales.

“Muchas de nuestras leyes han sido rebasadas por la complejidad el fenómeno delictivo y es momento de reformar nuestro sistema de justicia y adecuarlo a las nuevas realidades”, expresó Calderón al lanzar la propuesta de reforma. El presidente mexicano asumió su mandato el primero de diciembre pasado con la promesa de atacar al narcotráfico, el cual se ha convertido en un flagelo que asola a varias localidades del país.

Indicó que remitiría al poder legislativo los proyectos de reformas, los cuales, según su opinión, darían pie a la modernización de la justicia.

Calderón aseguró que el código penal propuesto, que sería el único a aplicar en los 31 estados y el Distrito Federal, “evitará que las inconsistencias y vacíos legales entre la legislación federal y local sean rendijas por las que escapen los delincuentes a la acción penal, que pueda uniformarse y ser equitativa la justicia en todo el territorio”.

Durante la presentación de su iniciativa de Justicia Penal y Seguridad Pública, Calderón indicó que “la impunidad es el ambiente propicio para que la delincuencia prolifere, y por ello esta lucha requiere una modernización y transformación profunda de nuestros mecanismos de seguridad, procuración y administración de justicia”.

Luego aclaró que “no podemos permitir que los criminales se refugien en instituciones débiles o en deficiencias de la ley. Tenemos que modernizar la manera en que juzgamos y aplicamos la justicia”.

En este sentido, propuso cambiar el modo de combatir al crimen organizado, a través del establecimiento de reglas específicas para la detención de los sospechosos y para la realización de cateos.

Indicó que el plan incluye otorgar facultades a la justicia para garantizar que los nombres y los datos personales de los acusadores se mantendrán en secreto, además de fortalecer la protección de testigos.

La propuesta también implica otorgar capacidades a la policía para que investigue, puesto que actualmente sólo puede hacerlo de forma reactiva, a lo que se sumaría una iniciativa para que el Congreso promulgue las bases de un sistema de desarrollo policial, el cual regule el ingreso, selección, permanencia, remoción y sanciones de los efectivos de las diferentes corporaciones.

Además, instó a la instalación del uso de los juicios orales, en un país donde los procesos judiciales se realizan todavía a puertas cerradas por un juez y por escrito.

“Demos nuevas y mejores armas e instrumentos al Estado en su tarea de garantizar la seguridad pública y ganar la batalla contra el crimen, porque está en juego el futuro de la nación, la tranquilidad de los mexicanos y la fortaleza del Estado frente a la delincuencia”, indicó el presidente.