La decisión de nacionalizar compañías aéreas Austral y Aerolíneas Argentinas es considerada por los analistas como parte de un programa de nacionalizaciones al que se dirige el Gobierno argentino. La medida complica la situación de la empresa española Marsans, que aún mantiene parte del control sobre esos activos.

Austral y Aerolíneas Argentinas
Después de nacionalizar los planes de pensiones, el Gobierno argentino podría anunciar en los próximos días la expropiación de las compañías Aerolíneas Argentinas y Austral, tras fracasar las negociaciones con sus dueños españoles para comprarlas, según el diario local “La Nación”. Algunos analistas no descartan que esta medida podría ser el inicio de un programa de nacionalizaciones.

“El acuerdo con (el grupo español) Marsans se agotó con el paso del tiempo”, dijo un funcionario público anónimo. El citado periódico informó que la medida fue confirmada por fuentes gubernamentales, gremiales y empresariales.

Difiere la tasación de las empresas

Como se recordará, el Gobierno argentino anunció en julio un acuerdo con Marsans para comprarle las deficitarias Aerolíneas Argentinas y Austral, pero luego hubo deferencias en la tasación. Marsans valoró las empresas en una horquilla entre 250 y 450 millones de dólares, mientras que el Gobierno argentino cree que su valor es negativo en 600 millones de dólares.

Tras dos meses de conversaciones, no hubo acuerdo sobre el precio. En una entrevista con una radio española, uno de los accionistas de referencia de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, se mostró muy preocupado por la posibilidad de la expropiación. “Estamos allí, nos están echando a gorrazos y veremos a ver si aquello acaba de la mejor manera posible, que es mi deseo”, dijo Díaz Ferrán.

Bloqueo de los sindicatos

Hasta la firma del acuerdo de venta, la empresa enfrentaba a diario problemas de demoras y cancelaciones por protestas de sus trabajadores. Marsans denunció que los sindicatos bloqueaban la operación de la firma para forzar su salida.

Aerolíneas Argentinas y Austral poseen en conjunto unos 9.000 empleados y arrastran una deuda de unos 890 millones de dólares. “La Nación” sostuvo que el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, trabaja en el proyecto de expropiación, aunque aclaró que aún no estaría decidido si la medida se adoptaría por ley o por decreto.