El proyecto de ley fue elevado ayer al Congreso y a través de él se pide la prórroga hasta el 31 de diciembre del año próximo.

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El presidente argentino, Néstor Kirchner, firmó el proyecto de ley con el que pretende prorrogar por un año más la Ley de Emergencia Económica, que será enviado al Congreso para su estudio, gracias al cual el Gobierno pudo, entre otras cuestiones, pesificar las tarifas de los servicios y renegociar los contratos.

El objetivo del Gobierno es que Argentina tenga el rótulo de “país en emergencia económica” hasta fines de 2005.

El proyecto de ley fue elevado ayer al Congreso y a través de él se pide la prórroga hasta el 31 de diciembre del año próximo. Junto a Kirchner, Lavagna y Fernández estuvo también el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, según informó la prensa local.

Lo que el Gobierno pondrá en juego al presentar este proyecto será la segunda prórroga de la norma que, entre otras cuestiones, fijó el contexto para que el Gobierno pudiera pesificar las tarifas de los servicios públicos desde el año 2002 y el Congreso delegara en el Ejecutivo la facultad (antes en manos de los legisladores) de renegociar todos los contratos de los servicios públicos, que incluye los ajustes de tarifas y los nuevos plazos de las concesiones.

El proyecto había generado varios roces en el Gabinete, porque los números que muestra el proyecto de ley de Presupuesto para 2005 no reflejan ni un PBI ni un volumen de recaudación que reflejen que la economía sigue en crisis.

La Ley 25.561 fue sancionada durante la gestión de Eduardo Duhalde, tras la crisis de 2001 y la salida de la convertibilidad. La norma dio el contexto para que el Gobierno pudiera eliminar el mecanismo de ajuste automático de las tarifas de los servicios públicos y cualquier fórmula de indexación, y tuviera la facultad para renegociar los contratos con las empresas privatizadas.

En esta nueva prórroga solicitada se reclama, además, que ratifique la vigencia del régimen de doble indemnización por despidos sin causa, hasta que la tasa de desocupación oficial resulte inferior al 10%.