El Parlamento Europeo, ha aprobado un informe de iniciativa en el que solicita medidas más estrictas para luchar contra la corrupción y hacer más eficaz la ayuda de la Unión Europea a países en vías de desarrollo. La Eurocámara ha recordado que la corrupción en África supone una pérdida económica equivalente al 25% del PIB africano.La Eurocámara ha solicitado al Ejecutivo comunitario que elabore un “sistema internacional de listas negras” en el que se incluyan los regímenes corruptos.

La UE pide endurecer la lucha contra la corrupción en países pobres para hacer más eficaz la ayuda
El Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo (Francia), ha aprobado un informe de iniciativa en el que solicita medidas más estrictas para luchar contra la corrupción y hacer más eficaz la ayuda de la Unión Europea a países en vías de desarrollo.
 
La Eurocámara ha recordado que la corrupción en África supone una pérdida económica equivalente al 25% del Producto Interior Bruto (PIB) africano. El Pleno han aprobado un informe de iniciativa con la intención de fomentar la responsabilidad y la transperencia de los programas comunitarios de ayuda el desarrollo. Los eurodiputados han propuesto medidas que afectan a la Comisión Europea, a los Estados miembros, a los países en vías de desarrollo y a la comunidad internacional. La Eurocámara ha solicitado al Ejecutivo comunitario que elabore un “sistema internacional de listas negras” en el que se incluyan los regímenes y representantes de gobiernos corruptos a fin de mejorar la eficacia de la política de desarrollo de la Unión Europea.
 
También ha pedido que se eleve las transparencia de los planes de ayuda, incluso que se publiquen, de forma que los agentes civiles y los parlamentos estén al corriente y participen en el proceso. Además, los diputados han recomendado a esta institución que otorgue subvenciones destinadas a “sectores específicos” y acompañadas de un diálogo político para “mejorar la gestión financiera pública, reduciendo el riesgo de corrupción o malversación de fondos”.

Los Estados miembros, por su parte, deberán adoptar “las medidas jurídicas y administrativas necesarias” para garantizar la repatriación al país de origen de los fondos adquiridos de manera ilícita, según indica el texto. El Pleno desaconseja que los gobiernos nacionales negocien contratos con aquellas empresas que emplean a personas “implicadas en casos de corrupción con ministros o funcionarios gubernamentales”.

Las medidas parlamentarias para los países en desarrollo consisten en ayudas a las autoridades nacionales para que fomenten la supervisión de las finanzas públicas. También tienen que ver con la creación de un sistema gubernamental de comprobación y balance, así como de un organismo de control regido por la sociedad civil, a quien otorgan un papel fundamental.

En cuanto a la comunidad internacional, el Parlamento pide la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (firmada en 2003) y del Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que lucha contra este delito en las transacciones comerciales internacionales (acordado en 1997).