Los casos denunciados son varios.La Iglesia Católica y distintas ONG están pidiendo que se termine con la persecución política que padecen los disidente con el Gobierno.El gobierno de Hugo Chávez no considera a este grupo de personas detenidas como presos políticos, y ha aclarado que han sido juzgadas adecuadamente porque cometieron crímenes contra el Estado y la sociedad venezolanas.

La situación de los derechos humanos en Venezuela ha empeorado desde que Chávez esta en el poder
Raúl José Díaz Peña, un campeón de natación de 32 años, fue detenido en febrero de 2004 por funcionarios de la policía política venezolana, luego de que en una prueba pericial encontraran presuntos rastros de explosivos en la parte trasera de su vehículo.

Las autoridades lo acusaron de participar en los atentados a las embajadas de Colombia y España de febrero de 2003, a pesar de que la prueba en su vehículo se hizo siete meses después de las explosiones, y sin la presencia de Díaz o de su abogado.

El principal acusador de Díaz, Silvio Mérida Ortiz, un hombre que confesaría ante un juez que había sido torturado para inculpar a Díaz.

El joven nadador cumplirá en febrero próximo tres años de estar encarcelado en la Disip, en condiciones denunciadas como infrahumanas. Su juicio todavía no ha comenzado.

Díaz pertenece a un grupo de 22 detenidos en Venezuela cuyos casos han sido documentados y denunciados como de persecución por razones políticas.

Al menos, 17 de estos casos han sido denunciados ante la comisión Interamericana de Derechos humanos y de la OEA, y ante el comité de Relaciones Internacionales de la camara baja del congreso de Estados Unidos.

En Venezuela, varios sectores de la sociedad, entre ellos la iglesia Católica, está presionando para que cese la persecución y encarcelamiento de disidentes.

Por su parte, el Cardenal primado de Venezuela, monseñor Jorge Urosa, pidió al gobierno “sentido de amplitud”, “especialmente con quienes están imputados allí porque no pertenecen al sector del gobierno”.

Según provea, una de las ONG mas prestigiosas, la situación de los derechos humanos en Venezuela ha empeorado significativamente desde que Chávez llegó al poder.

El informe de fin de año de Provea indico que, entre 1999 y 2005, un total de 1.245 personas “detenida y con vida” fueron asesinadas o resultaron victimas del uso excesivo de la fuerza.