Desde que en mayo de 2002 las FARC perpetraran una matanza de 119 civiles en el Atrato (Colombia) la situación no ha hecho sino empeorar en la región. Ahora la ONU da la voz de alarma y pide al Gobierno colombiano que aumente sus esfuerzos para proteger a la población.

La crisis no hace sino empeorar desde 2002
La crítica situación que viven actualmente los habitantes de las poblaciones del
Atrato (Colombia) como consecuencia del conflicto armado que vive la región han
hecho saltar los sistemas de alerta de Naciones Unidas. Hasta el punto de que
todas las oficinas de la ONU en Colombia han suscrito un comunicado conjunto en
el que urgen al Gobierno de Alvaro Uribe a tomar las medidas que resulten
necesarias para proteger la vida de los ciudadanos del Atrato.

La gota
que ha colmado el vaso de la paciencia de Naciones Unidas se ha centrado en
situaciones tan graves como la muerte de 119 civiles en la iglesia de Bojayá, el
pasado 2 de mayo de 2002 después de sufrir un ataque de las FARC. Desde
entonces, advierte la ONU, la crisis no hace sino empeorar, según se desprende
de las preocupantes cifras que maneja el organismo internacional. De hecho,
desde 2002 hasta 10.000 personas se han desplazado y otras tantas han sido
víctimas de reclutamientos forzosos, saqueos, desapariciones y
homicidios.

El comunicado de la ONU advierte de que la situación de los
habitantes del Atrato a partir de la matanza de civiles de 2002 sigue siendo
crítica: “El panorama es hoy aún peor que el registrado hace un año, cuando se
alertó sobre el desplazamiento de varias comunidades producto de la acción de
los grupos armados ilegales en la región”. Lo que más preocupa a Naciones Unidas
es que, además, el conflicto se esté extendiendo, incluso, hacia miembros de ONG
que intentan ayudar a las víctimas de los ataques, algo que ya ocurrió con cinco
integrantes de Justicia y Paz. Esta organización, según la ONU, “esta realizando
un trabajo impresionante en favor de los derechos humanos y los grupos más
vulnerables de Colombia”.

En este sentido, el subsecretario para Asuntos
Humanitarios de la ONU, Jan Egeland, ha pedido la liberación inmediata de
Enrique Chimonja, Edwin Mosquera, Johana López, Mónica Suárez y Fabio Ariza, que
se encontraban trabajando en la zona de Jiguamiandó, en el Atrato
Medio.

Egeland señaló que coincidió personalmente en Bogotá con algunos
de los secuestrados cuando era asesor del secretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan, para la ayuda internacional a Colombia, en talleres sobre derechos
humanos. “Es una desgracia porque son gente sumamente profesional y valiosa en
su trabajo. No sabemos quién los ha secuestrado, pero espero que los
secuestradores oigan el llamamiento realizado por el Secretario General y el
mío, para que los pongan en libertad inmediatamente”, declaró.

El Estado debe intervenir

La ONU ya ha recibido
varios llamamientos por parte del Sistema de Alertas Tempranas de Colombia pero
la situación sigue sin mejorar y, en la actualidad, preocupan los casos de Sipí,
Medio Atrato, Istmina y San José del Palmar. A los esfuerzos que están
realizando las ONG deben sumarse con urgencia esfuerzos adicionales e integrales
por parte del Estado, advierte Egeland, con el objetivo de poner fin a “esta
lamentable situación que se está agravando”.

Las agencias firmantes del
comunicado (entre ellas Unicef y Acnur) exigieron a las Farc y a las
autodefensas presentes en la región “abstenerse de toda acción que ponga en
riesgo la vida y la integridad de la población civil”.