El conflicto entre el campo y el gobierno argentino por el aumento de los aranceles a la exportación de granos, que generó una serie de huelgas desde mediados de marzo, tuvo un nuevo escenario en el Congreso.

La crisis argentina llega al Congreso
En una prolongada y bulliciosa audiencia pública de la que participaron representantes de las cuatro entidades que llevan adelante la protesta agropecuaria, diputados y senadores de los principales partidos opositores se mostraron ayer juntos para dar un fuerte respaldo a la protesta del agro. La inédita confluencia criticó la “intransigencia del Gobierno” y pidió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que restableciera el diálogo con los sectores productivos.

Luego de tres horas de deliberaciones, diputados de la Coalición Cívica, la UCR, Pro, el socialismo y una decena de bloques minoritarios acordaron impulsar la recolección de un millón de firmas para promover un proyecto de ley que derogue la resolución del ex ministro de Economía, Martín Lousteau, que el 11 de marzo último estableció el sistema de retenciones móviles para las exportaciones de granos.

Una de las propuestas más llamativas fue el pedido de la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde, quien sostuvo que el estancamiento de las negociaciones entre el gobierno y la dirigencia agraria obligaba a buscar “un mediador” para destrabar la situación, y propuso que esa función sea asumida en la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, sostuvo que “la negociación es un camino que debemos cumplir, pero no volveríamos a tropezar en la misma piedra”, por lo que reclamó que las propuestas que presente el Gobierno las haga en forma pública para que la opinión pública se entere de los contenidos y sepa hacia donde vamos”.